Avícola Son Perot S.A de Llucmajor, una filial de Avicola Ballester S.A, la explotación de mayor producción en las Islas Baleares; ha sido denunciada ante Fiscalía de Medio Ambiente por dos entidades animalistas por presuntos delitos contra la salud pública y estafa. ARDE (Animal Respect and Defense of the Environment) y Satya Baleares aseguran que las aves viven entre cadáveres en estado de descomposición y ratas; a pesar de disponer del sello de bienestar animal.
La acusación, basada en un registro de imágenes que ha contado con la colaboración de un informante anónimo, está apoyada, según los ecologistas, por miles de vecinos de la zona que denuncian plagas de moscas, malos olores y hasta repercusiones médicas; por lo que exigen el cierre de la explotación.
Según denuncian las entidades animalistas, la granja opera además sin permiso ambiental y fue multada en 2024 con 150.000 euros, aunque continúa abierta mientras el caso sigue en investigación. Los vídeos conseguidos por ARDE destacan la falta de higiene con ratas, numerosas telarañas y cadáveres de gallina que conviven con los animales vivos y los huevos, que luego se distribuyen a mayoristas de las Islas. Asimismo, los denunciantes manifiestan que han documentado cómo las gallinas camperas, cuyos huevos aumentan de valor hasta en un 35%, no salen al exterior durante, al menos, una semana; circunstancia captada mediante un time-lapse entre los días 24 y 29 de abril de este año. Según la ley actual, deberían salir durante todo el día y de forma ininterrumpida.
Es la primera vez que se hacen públicas imágenes de una explotación de gallinas ponedoras certificadas con el sello de bienestar animal Welfair; logradas mediante una grabación que tuvo lugar hace un mes. Los datos extraídos contaron con la colaboración de un testigo anónimo que manifestó que «nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras. Vi un cadáver y distinguí que era una rata únicamente por la cola».
«La presencia de otras especies animales en la granja implica riesgo zoonótico de transmisión de enfermedades a humanos como la leptospirosis o salmonella. Se observaron extintores caducados y fuera de las naves, contenedores con cadáveres en estado de putrefacción repletos de gusanos», explican las asociaciones a través de un comunicado.
Marina Sánchez, presidenta de la asociación mallorquina Satya Animal: «Es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo su actividad es ilegal y penalmente podría estar incurriendo en varios delitos. De este modo, el certificado se convierte en una mera herramienta de marketing. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular».
La empresa avícola ya levantó la polémica en verano de 2024, cuando propuso construir la mayor granja de España en la isla de Mallorca, el proyecto conocido como 'la macrogranja de Sineu', con una capacidad de 739.000 gallinas. Los ayuntamientos involucrados se opusieron junto a entidades de la sociedad civil. El debate se dio por concluido en enero de 2025, cuando el Govern balear aprobó el Decreto 1/2025, que prohíbe las explotaciones avícolas de más de 160.000 animales en las Islas.
Afecciones respiratorias, migrañas y vómitos
Los datos aportados por ARDE y Satya revelan que más de 9000 vecinos se habrían visto afectados por la granja y denuncian problemas de salud como afecciones respiratorias, migrañas y vómitos. «Olores, moscas, dolor de cabeza…Te produce malestar anímico, te limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa. En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado», dice Natalia García, vecina de una urbanización de Llucmajor.
Las asociaciones vecinales y las entidades de protección medioambiental y animal exigen el cierre inmediato de la explotación avícola. «No me quiero ir de aquí, quiero que se termine esta pesadilla», señala Xisco Amaya, otro afectado.
En este vídeo se recogen algunas de las imágenes más comprometidas recopiladas por ARDE y Satya:
Argumentan que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Esta normativa señala la imposibilidad de otorgar el permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo que la empresa debería cesar su actividad, desmantelar la instalación para restaurar el entorno original y comenzar de nuevo los trámites.
JaviCreo que a Kenedy lo asesinó una de ésas malvadas gallinas ponedoras