A los problemas penales, Salvador Llinàs suma un procedimiento mercantil por la quiebra de Autoclick en el que la administración concursal pide que sea declarado culpable y afronte el pago del déficit de la sociedad, que supera los diez millones de euros. Tras destaparse la estafa en las operaciones con los coches y con la huida de Llinàs a Taiwan, la empresa entró en concurso de acreedores junto a otras dos sociedades del grupo: IMT Holding Spain y Balear Sport Car S.L. Juntan más de un centenar de acreedores, entre ellos decenas de ayuntamientos y administraciones públicas.
Todas las empresas están en fase de liquidación desde hace dos años y se han vendido todos los bienes localizados, fundamentalmente coches, muchos de ellos también afectados por el fraude de las ventas fraudulentas por las que está imputado Llinàs. Además, el Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma ha abierto la fase de calificación del concurso. El administrador de la sociedad ha solicitado que se declare como culpable y centra la mayor responsabilidad en el fugado hasta esta semana. Reclama que el magistrado le haga responsable de todo el déficit que ha quedado tras la liquidación de los bienes. De forma subsidiaria, plantea que abone en total 5,5 millones de euros de su patrimonio, evidentemente desaparecido por el momento.
Junto a Llinàs, en el procedimiento mercantil también se pide la declaración de culpabilidad contra dos cómplices, uno de los socios habituales del fugado y su exmujer, que fue exculpada de la estafa tras ser interrogada por el juzgado de Instrucción. La posible responsabilidad alcanza también a dos sociedades más vinculadas al holding de Salvador Llinàs. Autoclick mantuvo abiertas media docena de sucursales en España, además de su sede central en Palma. La sociedad diversificó su actividad en Italia, Polonia, Alemania, Bélgica y Francia antes de que se viera abocada a al quiebra.
El concurso de Autoclick ha sido especialmente conflictivo con numerosas sentencias por reclamaciones de los deudores. Una de la más importante, tenía que ver con una operación de una entidad bancaria, que concedió a Llinàs un crédito de 1,5 millones de euros para que comprara una serie de vehículos a una marca coreana. El dinero nunca fue devuelto a la entidad y los coches, alrededor de 300, fueron vendidos a otras personas y empresas. La entidad bancaria intentaba que su deuda tuviera prioridad frente a otros créditos y el asunto amagó con llegar al Supremo.