La Guardia Civil investiga a 11 personas por comercializar más de 40 toneladas de miel supuestamente ecológica procedente de China que superaban la cantidad máxima de pesticida autorizada en Europa, lo que implicaría un riesgo para la salud de las personas.
Según han informado las autoridades policiales, esta intervención, desarrollada en Valencia, supone la operación a gran escala relacionada con la producción y comercio de miel a nivel europeo. La empresa investigada falsificaba la documentación para burlar los controles sanitarios y la comercializaba como miel ecológica certificada. El producto contenía una cantidad de pesticida que superaba los límites máximos de residuos permitidos por las autoridades sanitarias.
A los investigados se les acusa de varios delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental y contra la salud pública. La colaboración ciudadana permitió el inicio de las investigaciones en 2022, después de que se denunciara agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) posibles irregularidades cometidas por una de las mayores empresas del sector en España dedicada a la importación y exportación de miel a nivel internacional.
Los guardias civiles realizaron entonces el volcado y análisis de los archivos de la empresa (un total de 250.000 archivos y más de 5.000 correos electrónicos), que permitieron constatar los ilícitos penales. Se comprobó entonces que esta empresa, para eliminar la presencia de este pesticida, mezcló la miel china con otra procedente de un país europeo para tratar de «diluir» la concentración. El estudio documental llevado a cabo acreditó la supuesta falsedad en las declaraciones para la exportación de lotes de miel.
La información analizada reveló, además, que varios lotes de miel ecológica de procedencia china afectados por el pesticida se habían falsificado para su posterior venta. Las autoridades europeas, alertadas por la Guardia Civil sobre estas importaciones de miel, han activado los mecanismos de control para asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria, impidiendo que se siga comercializando con este producto.
La operación Matrihoney ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Paterna (Valencia) y desarrollada por efectivos del SEPRONA de la Comandancia de Valencia, y ha contado con el apoyo de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. Se ha solicitado información necesaria para la investigación a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.