Un abogado de Palma será juzgado junto a otras siete personas por echar de un apartamento de Palmanova a un hombre. La víctima pagó 15.000 euros a la propietaria de la vivienda por las arras y hacía tres años que residía allí con sus dos hijas menores de edad y su madre.
La Fiscalía pide que se le imponga una multa de 5.400 euros por un supuesto delito de coacciones. La acusación particular, ejercida por el letrado Antonio Lázaro, solicita tres años de prisión para el abogado... y desokupa.
Los hechos que se juzgarán se remontan al mes de agosto del año 2019. El Ministerio Público recoge en su escrito que la propietaria del apartamento suscribió con el perjudicado un contrato con opción de compra de la vivienda situada en la calle Duque de Estremera.
El hombre le entregó 15.000 euros por las arras y ambos se comprometieron a formalizar la compraventa en 60 días, pero no se llegó a llevar a cabo el contrato por parte de la dueña de la casa, que alegó problemas con el otro propietario, que era su esposo. Aún así, según la versión de la Fiscalía, permitió al comprador ocupar la vivienda y realizar obras.
El 11 de marzo de 2022, uno de los acusados, que conocía la situación en la que se encontraba el inmueble, suscribió un contrato privado de reserva de compra del apartamento en el que se hace constar la existencia de un litigio contra el hombre que residía en él. La propietaria de la vivienda recurrió a una empresa de compraventa de vehículos náuticos para que llevara a cabo un control de acceso a la casa «con la finalidad de que la persona que lo ocupa renuncie a seguir usurpándolo».
El 26 de marzo de ese año, el administrador de la empresa náutica, junto a tres trabajadores y el abogado encausado, acudieron a la puerta del apartamento y conminaron a la víctima a que firmara un documento de renuncia a la vivienda. Ante la negativa de este, permanecieron en la puerta durante dos días haciendo turnos.
Los trabajadores de la empresa náutica merodeaban constantemente por las inmediaciones del bar que regentaba el perjudicado. Los acusados finalmente cambiaron la cerradura de la casa y tras acceder al interior desaparecieron 12.000 euros en metálico. Los procesados, según el relato de la Fiscalía, consiguieron que la víctima dejara el apartamento.