Nadie fue a buscar documentos claves del ‘caso ORA' mientras estaban en prisión un empresario y el funcionario encargado del contrato. El que era concejal de Mobilitat de Cort cuando estalló el caso, Joan Ferrer, explicó en la jornada del miércoles del juicio al juez Penalva y al fiscal Subirán que este último le requirió para que aportar testigos «en contra» del contrato y que nadie fue a recoger la documentación del expediente. «Al ver que no venía nadie, me voy a ofrecerla yo porque entendía que se habían dejado una parte importante de la investigación».
Ferrer declaró a preguntas de las acusaciones que, cuando se produjeron las detenciones de toda la mesa de contratación y de dos funcionarios, en octubre de 2016, como concejal ordenó cerrar los despachos de los arrestados y custodió todo el expediente en su despacho. Mientras, se producían los dos ingresos en prisión preventiva ante el riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, relató que nadie fue a buscar esos documentos. Llamó por teléfono al fiscal Subirán para proporcionarle información sobre la ejecución del contrato y otros datos facilitados por el comité de empresa sobre presiones a los empleados. «En ese momento, aparte de lo que salía en prensa, me dijo que habían hecho dos detenciones y que eran unos ladrones», dijo.
Recibió unos días después una llamada del fiscal: «Me pidió técnicos que declararan como testigos en contra. Yo le propuse dos nombres para que fueran a declarar en el sentido que fuera. Le dije que eran personas que no tenían contacto directo con el contrato. Insistía mucho que declararan en contra». Uno de esos técnicos se cogió una baja tras declarar como testigo. «Me dijo que lo había pasado mal con la declaración». El criterio fue que acudieran los más antiguos del departamento, aunque poco podían saber del contrato.
Según declaró, Ferrer también aportó la resolución de un juzgado de lo Contencioso que avalaba el contrato de la ORA y un informe del interventor en el mismo sentido, que facilitó unas semanas después de las detenciones.
La Fiscalía y las acusaciones particulares consideran ilegales esas dos órdenes de ingreso en prisión preventiva, justificadas ambas en el riesgo de destrucción de pruebas.
Sobre preguntas concretas sobre el contrato, Ferrer relató que Subirán le insistió mucho sobre unos parquímetros: «Insistía en que no estaban. Le animé a salir a la calle porque los que se habían renovado estaban en la zona de los juzgados de Via Alemania».
Además del exconcejal, ayer también declaró un policía local que estuvo en tres ocasiones en prisión preventiva durante la instrucción. Jaime Garau, señaló que, durante todos sus arrestos «el objetivo era Álvaro Gijón». Explicó que, desde una primera declaración que hizo en los albores del caso en 2013 hasta sus tres detenciones, siempre se le decía lo mismo: «Si firmaba contra Gijón me iba a mi casa. El policía Iván Bandera me lo decía cada vez que bajaba al calabozo. Estaban obsesionados»
El agente introdujo otro tema, las supuestas amenazas al juez y al fiscal de las que se le responsabilizaba directamente. Uno de los episodios tuvo que ver con un supuesto piquete policial en los juzgados de Via Alemania durante los primeros arrestos. Declaró que existió una investigación judicial que descartó cualquier delito.