Las acusaciones particulares tienen hoy sus últimas opciones de probar los cargos contra Bartolomé Cursach. En la sesión de hoy del juicio comparecen los últimos testigos propuestos por la representación de los empresarios de Magaluf que reclaman cerca de tres millones de euros al empresario al que acusan de emplear al Ajuntament de Calvià para perseguirles para quedarse con sus locales. Están citados cuatro agentes de la Policía Local del municipio, además de su antiguo jefe, Justino Trenas. También comparecen tres funcionarios del consistorio. Uno de ellos tuvo un papel clave para la revisión de oficio de la licencia de BCM que provocó su cierre y que, más tarde fue considerada un abuso de poder por parte del Consell Consultiu de Balears.
A partir del lunes comenzarían a comparecer los testigos propuestos por las defensas. Algunas de ellas, como la del jefe de policía Mut o la de Sbert ya han renunciado a numerosas declaraciones ante la falta de concreción que han tenido los testigos de las acusaciones, en lo que es un juicio muy favorable a las tesis de los acusados.
Testigo-perito
El último testigo de la acusación, declara por la otra acusación particular, el bar sa Trobada de Palma.
Prioridad absoluta
El testigo admite que el único acusado de Calvià, Jaime Nadal, ordenaba en correos electrónicos «prioridad absoluta» sobre la licencia de BCM y todo lo relativo a la plaza de BCM.
Presionado
Admite que estaba presionado por el juez y que, durante su primera comparecencia en el juzgado fue «intimidado».
Órdenes del juez
Explica que recibió órdenes del juez Penalva y actuó como «mandatario verbal» del juez. «Les dije, os vais al juzgado y que os lo expliquen».
¿Trato de favor?
Dice que no detectó trato de favor a Cursach en el Ajuntament. Sí que supo que había una irregularidad en la licencia de BCM por unas torres de aire acondicionado ilegales.
Retraso de nueve meses
El testigo considera «extraño» que no se obligara a retirar la valla de BCM hasta nueve meses después de que un ingeniero declarara que era ilegal.
Riesgo potencial
El funcionario dice que intervino después de que no se hiciera nada durante nueve meses ante la existencia de un riesgo potencial para la seguriad por la valla. Se hizo un decreto para que estuviera abierto durante el horario de funcionamiento de BCM.
Funcionario
Arranca ahora la declaración del funcionario municipal que daba órdenes en el Ayuntamiento de Calvià como «mandatario verbal» del juez Manuel Penalva.
Mandatario verbal
El funcionario declara que uno de sus compañeros daba órdenes en el Ayuntamiento de Calvià como «mandatario verbal» del juez Penalva.
Licencia de BCM
La abogada de la acusación, Teresa Bueyes, pregunta por la licencia de BCM al testigo: «Es de 1984, yo hacía EGB»
"Las barreras no tenían que estar ahí"
El funcionario dice que la barrera no tenía título habilitante y que, por tanto, «no tenían que estar allí». Dice que Jaime Nadal, el funcionario acusado, cuando tenía «plenas funciones», lo primero que hace es encargar a los funcionarios ir a revisar la valla e intervenir. «Al día siguiente había un informe».
"Es cristalino"
El funcionario insiste en que la plaza es un espacio seguro y que se impidió que se hicieran eventos porque no tenían esa posibilidad. «Es algo cristalino».
"Vallas de todas formas y colores"
El testigo dice que había denuncias constantes entre Bover y Cursach. «Parecía que trabajábamos solo para ellos». Añade que «todo el mundo corría» en el ayuntamiento para intentar terminar con el problema de las vallas.
Informe técnico
Habla de sus informes desde 2014 sobre las vallas: «Siempre a las mismas conclusiones: la implantación de esas vallas, de sus diferentes modalidades no estaban amparadas en un título habilitante. Se evaluó si eran un riesgo inminente y siempre se ha coincidido en lo mismo, que no procedía una medida inmediata».
Funcionario
Declara un funcionario que fue detenido durante la instrucción junto al único trabajador del Ajuntament de Calvià que está acusado. Intervino en varios informes sobre las vallas de Magaluf.
A vueltas con la valla
Otro policía local declara sobre la valla. La novedad que aporta es que dice que, casi siempre se podía franquear.
Segundo policía local
El segundo policía local levantó un acta tras una petición de un comerciante de Magaluf. Habla de «rencillas» en la zona entre empresarios. Su declaración es de las breves.
Bover infractor
El policía declara a preguntas de la defensa de Sbert que levantó numerosas actas a Bover.
Frase de Sbert: "Hundiré a Boby aunque me cueste 200.000 euros"
El policía narra un episodio en el que estaba haciendo un acta en Magaluf y Sbert se dirigió a él: «Me dijo que hundiría a Boby aunque le costara 200.000 euros». Habla de una situación de conflicto y de denuncias cruzadas entre los dos establecimientos.
Trato difrencial
Una de las acusaciones introduce una actuación del policía. Fue comisionado para revisar una caseta en la que Bover vendía tickets. Cuando llegó también había una de BCM. Dice que levantó actas a las dos. «Hubo un trato homogéneo».
Inspecciones en Calvià
El policía es interrogado sobre actas por ruidos en Calvià. Señala que comenzaron a hacer inspecciones adecuadas de sonido y se incrementaron «exponencialmente las sanciones». Niega un trato discriminatorio a locales o de favor a Cursach.
Policía local y vallas
Declara un policía local sobre la valla de Magaluf. "He intervenido mucho porque estoy en la división de actividades, he levantado muchas actas a requerimiento de ambas partes. Las vallas están desde 2014. Hay un seguimiento que tenemos en vigor por la evacuación de BCM que no puede haber ninguna barrera«. Niega un trato preferente a Cursach: »El Ajuntamiento nos ordenó en multitud de ocasiones comprobar como estaban las vallas".