El juicio contra la mujer que asaltaba a sacerdotes e iglesias en Palma, celebrado en la Audiencia, ha quedado visto para sentencia. En la última sesión, celebrada este miércoles, la Fiscalía ha rechazado aplicar a la procesada la eximente completa que planteaba la defensa.
Aunque el fiscal no cuestiona que la procesada sufre un trastorno mental, como apuntaron los forenses este pasado martes, afirmó que no ha quedado probado que tenga «afectadas las capacidades intelectivas» de forma completa. En su informe final el fiscal aprecia «contradicciones» entre los informes psiquiátricos incluidos en la causa. Finalmente, su petición de pena quedó en tres años de prisión; substituibles por nueve años de internamiento médico. La cárcel «no es el centro más adecuado» para la procesada, concluyó el acusador público. Además también piden multas y órdenes de alejamiento de las víctimas y lugares de culto atacados.
Por su parte, el abogado del Obispado ha suscrito el informe final de la Fiscalía y ha explicado que la procesada «necesita un tratamiento largo» ya que no son factibles medidas como la libertad vigilada o la custodia familiar. La abogada de la defensa ha reiterado su petición de que a la acusada se le aprecie una eximente completa por sus problemas mentales y en base a las declaraciones de los tres forenses que testificaron este pasado martes.
En el juicio, que arrancó el pasado lunes, han testificado más de una veintena de víctimas que han relatado algunos episodios de agresiones que causaron un clima de «miedo» y «pánico» entre los religiosos.