Once personas que formaban un grupo criminal han sido detenidas en Palma acusadas de explotar sexualmente a cinco mujeres de origen sudamericano, en el marco de una investigación policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución. Los arrestados son seis mujeres y cinco hombres de entre 22 y 52 años y de origen boliviano, colombiano, dominicano y argentino, que supuestamente formaban un grupo criminal vinculado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución, ha informado la Policía Nacional en Baleares.
El grupo IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía inició una investigación después de que dos de las víctimas, que estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución, se escaparon de uno de los prostíbulos. Recibieron asistencia y fueron alojadas en un piso de seguridad. Las denunciantes vivían en sus países de origen en una situación precaria y les ofrecieron trabajar en España como cuidadoras de hogar o camareras de piso con unas condiciones económicas favorables, según los investigadores. Una vez en España, estas mujeres eran trasladaban a Talavera de la Reina (Toledo), donde se les quitaba el pasaporte y se les indicaba que habían contraído una deuda de 3.000 euros y que tenían que saldarla como prostitutas ya que, por contra, el grupo criminal tomaría represalias contra sus familiares.
La investigación concluye que las víctimas fueron trasladadas de Talavera a Palma, donde tenían prohibido salir solas del domicilio y estaban sometidas a vigilancia y control, y estaban obligadas a atender a cualquier tipo de cliente aunque no fuera de su agrado. Los pisos destinados a prostíbulos funcionaban las 24 horas del día todos los días de la semana, excepto las pocas horas que les dejaban libres, unas tres horas para descansar. A algunas de las mujeres se le negaba la comida salvo que ejercieran la prostitución, y otras estaban hacinadas en habitaciones sin casi ventilación ni luz natural, Además, no recibían dinero ya que lo que cobraban era para saldar la deuda, ha señalado la Policía.
A raíz de la investigación policial, agentes de la UCRIF realizaron cuatro registros domiciliarios en Palma, uno de ellos en la vivienda de la supuesta cabecilla del grupo criminal y otros tres en pisos donde presuntamente se ejercía la prostitución. En estos registros se intervinieron numerosos efectos relacionados con los delitos investigados, sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos y cámaras de seguridad, entre otros.