Primer gran proceso contra una banda organizada dedicada a la okupación en Palma. 23 acusados del ‘clan de los Pelúos' rechazaron este lunes contestar a ninguna pregunta en la vista que arrancó en la Audiencia Provincial. La Fiscalía reclama para todos ellos penas que suman 109 años de prisión por organización criminal, usurpación, defraudación de fluido, tenencia ilícita de armas y coacciones.
A la hora marcada para el juicio, cinco Pelúos no aparecían por ningún lado. Los familiares y acusados también intentaban localizarlos, agolpados en la entrada de la Audiencia, con niños incluidos en algún caso: «Ya vienen, están de camino». Lo hicieron cuando el juicio había empezado y se llevaron una dura reprimenda del tribunal: «Si mañana no comparecen a la hora en la que están citados, el tribunal adoptará las medidas oportunas, incluida la prisión preventiva». Les quedan tres semanas de puntualidad.
Según el Ministerio Público, los miembros del clan funcionaban como una inmobiliaria de la okupación, con anuncios manuscritos colgados por Son Golteu incluidos: Localizaban pisos vacíos en Palma, sobre todo en Son Gotleu, y casi todos propiedad de entidades bancarias. Después, un grupo se dedicaba a saltar las cerraduras, entrar en las viviendas y hacer enganches ilegales de luz y de agua corriente. Los cabecillas se encargaban de la ‘comercialización' mediante anuncios con precios espectaculares. 200 al mes por una vivienda en Palma. Luego se encargaban del cobro puerta a puerta y de atemorizar a los que no querían pagar o que alertaban de la ilegalidad de los pisos.
Tras fracasar los intentos de un acuerdo entre las defensas y la Fiscalía, los abogados plantearon una posible nulidad del caso. Buena parte de la acusación se asienta en una serie de testigos protegidos que eran los que habitaban en las viviendas. «Los inquilinos sabían que estaban en pisos okupas y, por tanto, participaron del delito», critican para plantear que su testimonio está viciado. Consideran que esos testimonios se pudieron conseguir a cambio de archivar la causa para ellos. La Fiscalía respondió que se trata de una situación conocida por las partes desde el inicio de la instrucción en 2013 y que, por tanto, es una petición fuera de lugar, ya que no se planteó antes. La Sala ha desestimado la cuestión previa y considera «llamativo» que se intente valorar ahora otros delitos por parte de las defensas. Las sesiones seguirán a lo largo de las próximas tres semanas en la Audiencia.