La Policía Nacional ha detenido a dos okupas por extorsionar al promotor de un edificio de Palma. El empresario entregó 8.000 euros a los investigados a cambio de que abandonaran el inmueble el 6 de mayo al mediodía. El bloque, que consta de cuatro viviendas aún sin estrenar, se encuentra en el número 23 de la calle Emili Darder, cerca de la plaza Madrid.
Una quincena de okupas accedió a los pisos a las ocho de la mañana. El promotor informó a la Policía Nacional cuando se percató de que se habían apoderado del edificio. Todas las viviendas estaban okupadas. En una habían tendido ropa, en otra instalaron un colchón y dos perros se paseaban por el interior.
Los okupas alegaron que residían allí desde hacía tiempo. El empresario optó por negociar con ellos y les ofreció 4.000 euros, según fuentes de la investigación. Los sospechosos le exigieron el doble porque explicaron que con esa cantidad no podían tener acceso al alquiler de ninguna vivienda y el promotor accedió.
Los cuatro pisos estaban vendidos por alrededor de 400.000 euros y los compradores habían adelantado el 30 por ciento de la transacción. Estaba previsto que esta semana se cerrara la compraventa. Los nuevos inquilinos debían abonar el 70 por ciento restante y el promotor tenía que entregarles las llaves. El empresario asumirá los costes de la okupación fugaz. Los usurpadores, de etnia gitana, rompieron las cerraduras para entrar en las casas y causaron desperfectos en el interior.
El promotor inmobiliario, tras lo ocurrido, decidió contratar vigilancia privada para que un guardia de seguridad custodie el edificio e impida que se produzcan nuevos asaltos. La entrada al inmueble estará vigilada 24 horas al día hasta la entrega de llaves a los compradores. Los investigadores creen que los dos okupas, que este miércoles por la tarde quedaron en libertad tras declarar ante la jueza de Instrucción nº10, forman parte de un grupo organizado.
Más okupas
Agentes de la Policía Nacional continúan buscando a otros okupas del edificio de la calle Emili Darder (Palma) por chantajear al promotor. La asociación de promotores inmobiliarios de Baleares, Proinba, cree que la Administración podría hacer más para evitar estos hechos. Piden una modificación del Código Penal que permita a la policía actuar con más agilidad y acortar los plazos burocráticos para que los pisos no queden expuestos a posibles asaltos.
Luis Martí, presidente de Proinba, dijo que «el principal problema» es la «falta de consenso» entre las formaciones políticas para reformar el Código Penal para que la policía «pueda intervenir más rápido».