Más de 5.000 euros. Es la cantidad que cobraba por un pasaporte una organización criminal especializada en la falsificiación de documentos. La Policía Nacional la ha desarticulado en un golpe que se ha saldado con una docena de detenciones, una de ellas en Ibiza, y el desmantelamiento en Madrid del mayor laboratorio de falsificación documental localizado en España.
Según informaron ayer fuentes policiales, en el marco de esta operación se realizaron registros domiciliarios en varios puntos de España, uno de ellos en Ibiza, donde fue detenido uno de los responsables de este entramado delictivo.
En el marco de la bautizada como ‘Operación Chacal', se han practicado nueve registros. Además del de Ibiza, cinco en Madrid y tres en Barcelona. En la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid los agentes localizaron un laboratorio «avanzado y sofisticado, que refleja la profesionalidad de los falsificadores y la alta calidad» de los documentos que elaboraban.
Sofisticado laboratorio
En el laboratorio la Policía encontró dos grabadoras láser CNC, una maquinaria industrial usada para hacer cortes a alta velocidad y precisión en material de plástico; seis impresoras de sublimación digital para imprimir fondos de seguridad; dos prensas de impresión tampográfica y termográfica; dos escáneres; seis impresoras láser; y tres equipos informáticos de última generación entre otros. Además de esta tecnología disponían de cuantioso material para las falsificaciones, como 2.000 tarjetas en blanco (PVC y PC) de procedencia china, la mayoría con el chip incorporado; productos químicos para fijar y secar; un secadero artesanal; y sellos para imitar los hologramas de los documentos, entre otros.
En los registros también se intervinieron 75.000 euros y 20.000 dólares en efectivo, cuatro vehículos, un dron, varios dispositivos de almacenamiento masivo de información, documentos falsificados y otros en proceso de fabricación, así como soportes de documentos y medidas de seguridad.
La organización criminal falsificaba documentos de identidad para facilitar la introducción en España de ciudadanos marroquíes de forma irregular.
El pago de los usuarios finales variaba en función del tipo de documento. Por los pasaportes se pagaban 5.000 euros, mientras que por los permisos de residencia y de conducción, entre 800 y los 1.500 euros.