El magistrado instructor de la investigación en torno a la Policía Local de Palma, Manuel Penalva, denuncia en un auto dictado esta semana que tanto él como el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán, son objeto de seguimientos e investigación por parte de detectives privados.
El juez afirma que existen «serios indicios» de que «una empresa dedicada a tales menesteres» rebusca datos para intentar minar el prestigio de ambos y la existencia de «múltiples intentos de desacreditarlos». De hecho, en el mismo documento deja caer que existen investigaciones abiertas en el juzgado por varios episodios «dirigidos a desacreditar a los investigadores, de los que nada puede revelarse en este momento».
No es la primera vez que jueces y fiscales implicados en causas anticorrupción denuncian hechos similares. En el ‘caso Nóos' ya hubo avisos a los investigadores de que eran seguidos por detectives y se investigaron sus patrimonios, que fueron publicados en algunos medios nacionales.
En este caso, el juez y el fiscal han denunciado en varias ocasiones episodios de amenazas, tanto a ellos como a testigos de la causa. De hecho, ya hay dos condenas y otras cuatro causas abiertas por amenazas a testigos.
El juez incluye estas manifestaciones en un auto en el que rechaza la petición de nulidad de un letrado de todo lo actuado en una de las piezas separadas por amenazas a un testigo. El magistrado descarta que exista una pérdida de imparcialidad por su parte: «Se confunde esto con el hecho de que tras realizar una investigación se llegue a un convencimiento sobre determinados hechos».