El juez Penalva y el fiscal Subirán investigan si la gestión de Joan Mesquida ha beneficiado en algún expediente al Grupo Cursach. El ahora director de Proyectos Estratégicos del Ajuntament de Calvià y antiguo director general de la Policía y Guardia Civil con el PSOE aparece en una conversación telefónica comprometedora que consta en la causa. En ella habla con un alto cargo del grupo de ocio que le agradece una gestión y le llama «crack». El fiscal interrogó por esta conversación a los dos funcionarios municipales que pasaron ayer a disposición judicial tras ser detenidos por la Policía Nacional. La charla denota cierta familiaridad entre los dos interlocutores y alude a una gestión en concreto llevada a cabo por el consistorio.
En el marco de esta causa, el antiguo director general de Comercio, Jaime Nadal, y un ingeniero técnico, Bernat R., quedaron este viernes en libertad. El primero no podrá acercarse a menos de quinientos metros del consistorio, mientras que sobre el segundo no pesa ninguna medida cautelar.
Ambos están imputados por delitos de cohecho, prevaricación y pertenencia a organización criminal. Se les responsabiliza de retrasar la tramitación del expediente de revisión de licencia de BCM. La discoteca habría operado durante 27 años sin permiso definitivo con la connivencia de cargos municipales. A raíz de esta actuación se abrió un expediente disciplinario en el Ajuntament al director general de Comercio, que fue suspendido. Precisamente ese expediente ha sido ahora objeto de la presentación de una querella por parte de Nadal contra el alcalde y sobre todo otro funcionario que daba órdenes en el consistorio amparándose en que actuaba bajo órdenes del juez Manuel Penalva.
La instructora del expediente disciplinario en Calvià decretó su paralización. Además ha remitido al juzgado de guardia las actuaciones que constan en la querella interpuesta por Jaime N., defendido por los abogados Pedro Horrach y David Salvà. Esta es la primera personación del ex fiscal anticorrupción del ‘caso Nóos' en una causa como letrado de parte. El otro funcionario interrogado ayer aportó datos sobre distintos expedientes. Por su trabajo, desde 2014, debía informar de todos los contratos de licencias y sanciones que tramitaba el consistorio.
Otra de las actuaciones que se investigan apunta a que Cursach instaló en la plaza Illes Pitiüses de Magaluf una serie de vallas metálicas que estuvieron colocadas durante varios días para dificultar el acceso a los locales de la competencia y así dirigir al público hacia BCM. Los investigadores sospechan que los funcionarios permitieron esta estrategia.
Jaime Nadal y Bernat R. también están acusados de un delito de cohecho por haber asistido a fiestas y haberse beneficiado de prebendas del grupo Cursach Ocio. Ellos lo niegan.