La Policía Nacional y el magistrado instructor del ‘caso ORA’, Manuel Penalva, siguen detrás del supuesto soborno a cambio de la adjudicación del servicio. A petición del Grupo de Blanqueo de la policía, el juez ha extendido las investigaciones a los movimientos bancarios en tres años de varios familiares directos del diputado Álvaro Gijón. Entre ellos se encuentran los padres y los hermanos del también concejal de Cort y otras personas con vínculos cercanos.
La investigación del ‘caso ORA’ arrancó con la declaración de un testigo que dijo saber a través de un cliente suyo que Gijón y Rodríguez habían recibido 1,2 millones de euros como soborno por la adjudicación del contrato. No identificó a la persona que le contó la historia ya que le obligaba el secreto profesional pero aportó algún detalle más sobre Gijón, en concreto que también habría recibido un piso.
Desde ese momento, las investigaciones se han centrado en la búsqueda de ese dinero, por el momento sin éxito.