La Policía Local de Palma ha remitido al juez que investiga la corrupción en el cuerpo un informe en el que detalla graves problemas en sus sistemas informáticos: en los últimos tres años se han perdido más de 7.000 actas de infracción a las que no se les ha dado ningún trámite. Se trata del primer documento que elaboran los agentes cuando detectan una infracción de una ordenanza municipal y sobre las que luego se tramita una denuncia o no. En el sistema consta la entrada, pero no aparecen en el registro de salida expedientes por venta ambulante, tenencia de estupefacientes, inspecciones de establecimientos y así por toda la tipología regulada en las ordenanzas.
El documento fue remitido al juzgado por el nuevo jefe, Josep Palouzié. En él se señala: «Se observan indicios de que la mala gestión citada puede haber beneficiado a determinados grupos empresariales». De esta manera entroncaría con la investigación del juzgado.
Palouzié solicita al magistrado en una carta autorización para llevar a cabo una investigación sobre estos hechos, «al objeto de determinar si los hechos pueden ser puntuales y esporádicos o si, por el contrario, forman parte de un entramado organizado que se aprovecha de un sistema de control deficiente en beneficio propio».