El juez de Instrucción 12 de Palma, Manuel Penalva, ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la investigación sobre mandos policiales y políticos de la Policía Local de Palma que presuntamente dirigían una trama de extorsión y coacciones a empresarios en la que participaban agentes del cuerpo.
Mediante varios autos dictados este miércoles, Penalva ha prorrogado el secreto de sumario de la pieza principal donde investiga a la Policía Local y ha abierto una separada, sobre la que ha levantado el secreto, relativa a la investigación centrada en la Patrulla Verde, a la que además ha incorporado la causa relativa a la presunta filtración de los exámenes de oposición a oficial celebrados en el cuerpo policial en mayo de 2012.
También ha abierto otra nueva pieza separada sobre la que prorroga el secreto de sumario, que parte de la causa principal, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Balears, acerca de estas actuaciones que se llevan a cabo desde 2013.
Durante más de dos años y medio, la causa ha sido secreta, situación que se ha ido prorrogando mes a mes, para velar por el éxito de la investigación y, como indicaba el juez en el auto del pasado mayo en el que mantuvo el sigilo, «para preservarla de la intervención de terceros hasta que termine de recopilar información, dada la gravedad de los delitos».
En este caso, por el que se ha dictado prisión preventiva para 16 policías y un funcionario, el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan presuntos delitos de tráfico y tenencia ilícita de armas, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, coacciones, cohecho, amenazas, extorsión, falsedad, uso de información privilegiada, delitos contra la salud pública, fiscales y contra el medio ambiente.
En varios de los autos dictados a lo largo de la investigación, el magistrado ha explicado que hay testigos de esta causa que están «aterrorizados» porque los investigados y quienes les apoyan «han perpetrado numerosos actos de intimidación y coacción».
Ha habido varios episodios de coacciones y amenazas a agentes de policía que denunciaban las prácticas corruptas, a la anterior jueza instructora de la causa y al propio juez actual, a la regidora de Seguridad de Palma, Angélica Pastor y contra el director general de Seguridad y el fiscal de la causa.
El juez cree que los investigados, algunos cargos de responsabilidad de la Policía, actuaban con impunidad, extorsionaban a empresarios de ocio y beneficiaban a otros a cambio de dinero y prebendas. Además de gozar de privilegios en locales de ocio, tenían intereses económicos y empresariales en materias en las que intervenían como agentes policiales.
El algunos de sus autos anteriores, el juez Penalva ha mencionado fiestas privadas con sexo, droga y alcohol a cuenta de determinados empresarios, la venta por parte de agentes de policía en el Polígono de Son Bugadelles de objetos incautados a vendedores ambulantes y la venta coactiva de seguros, cámaras de vigilancia, aires acondicionados, tapicería y máquinas expendedoras a empresarios.
El presidente de la junta territorial del PP de Palma, José María Rodríguez, ha negado este miércoles cualquier tipo de vinculación con la presunta trama de la Policía Local y que recibiera favores sexuales.