La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este martes, a partir de las 9.30 horas, a cinco integrantes de una red criminal acusados de defraudar 120.749 euros a la Seguridad Social, al servicio estatal de empleo y a varias mutuas mediante la creación de un entramado de empresas ficticias y la falsa apariencia del desarrollo de una actividad real.
En concreto, el Ministerio Público les imputa un delito de constitución e integración en organización criminal y otro de falsedad en documento oficial, por los que reclama un total de 28 años de cárcel para todos ellos, y que indemnicen a los anteriores organismos y entidades con la cantidad defraudada.
Según la acusación, los inculpados se pusieron de acuerdo para poner en marcha un conjunto de mercantiles sin actividad económica real ni domicilio social, que simulaban la contratación de decenas de trabajadores en distintos periodos temporales a cambio de una cantidad de dinero, todo ello con el objetivo de percibir prestaciones como las de bajas por paternidad o maternidad, incapacidad o subsidios por desempleo.
Para ello, relata la Fiscalía, contactaban con trabajadores extranjeros -principalmente marroquíes- en situación regular, a quienes ofertaban, bajo la apariencia de una contratación real, la firma de un contrato y el alta en el régimen general de la SS, pero «sin la real intención» por parte de los acusados de que el trabajador, a cambio de un salario, llevase a cabo a cabo actividad alguna.
De este modo, los acusados «utilizaban» a estos empleados aprovechándose de su «condición de extranjeros y de su precariedad laboral, de su carencia de recursos económicos, escasa formación y nivel cultural, nulos conocimientos del español y cuando menos incapaces de leer y escribir en este idioma para comprender el significado de la documentación presentada por los imputados».
Tal y como precisa el Ministerio Público, el alta de las empresas en la SS se efectuaba en algunas ocasiones pocos días antes de la contratación de los trabajadores mientras que en muchos casos estaban escasos días de alta, sin abonar cuota alguna de seguridad social. Los hechos los llevaron a cabo entre finales de 2010 y durante todo 2011.
En concreto, la pena más elevada que solicita la Fiscalía la reclama para Enriqueta G.T. (ocho años de cárcel), mientras que pide cinco años para Antonio G.C., Ignacio C.S., Ramón Emilio C.A. y Miguel Angel C.R. Se da la circunstancia de que en el registro efectuado en la gestoría regentada por la principal acusada fueron intervenidos 21.747 euros producto de su ilícita actividad.
En concreto, el entramado estaba integrado por las empresas ficticias The House and Construction Network Service, Boem Baleares, Miguel Angel Carmona Raya, Proyectos Industriales Biase, Servicios Roscabi y Colmoncarp, creadas únicamente con la finalidad de defraudar.