La Audiencia Provincial confirma que la muerte de una joven que buceaba en El Toro en 2010 fue causada por una imprudencia de su compañero de inmersión. La víctima y el acusado estaban juntos. La fallecida tuvo un problema en el ascenso e indicó que quería subir. El acusado, en vez de tranquilizarla y acompañarla le hinchó el chaleco con un botón que lo infla de forma automática. La buceadora subió a la superficie sin ninguna parada de descompresión. Cuando llegó a la superficie había fallecido.
La sentencia de la Audiencia ratifica una condena a una falta de homicidio por imprudencia leve. Eso sí, la resolución señala que calificar de leve la negligencia del acusado le parece algo «benévolo». La condena supone que el buceador acusado tendrá que abonar una multa de 180 euros. La compañía de seguros tendrá que afrontar el pago de 80.000 euros a los padres de la víctima.
La Audiencia indica que las más de cien inmersiones que había realizado el acusado implicaban que tenía una capacitación suficiente para saber cómo había que proceder para una subida segura. La fallecida, aunque tenía el mismo título de buceo era mucho menos experta y sólo acreditaba cinco o más inmersiones.
Buena parte de los recursos que interpusieron la defensa del acusado y de la compañía de seguros atacaban por falta de imparcialidad a la jueza que presidió el juicio por realizar un centenar de preguntas. La Audiencia zanja el tema: «No es más que una interpretación personal y sesgada de la actuación de quien presidía un juicio de una elevada dificultad técnica». El seguro también pretendía no pagar la indemnización porque sostenía que la víctima había bajado más de 40 metros, el máximo para lo que estaba asegurada. En la sentencia se señala que sólo hay pruebas de que fue más allá de los 30.