El juez Manuel Penalva asumirá desde hoy la investigación por presunta corrupción en la Policía Local de Palma por el traslado de la magistrada Carmen González, hasta ahora instructora del caso, a la Audiencia de Palma.
Penalva ha tomado hoy posesión como titular del Juzgado de Instrucción número 12 que hasta ahora ocupaba González, que a su vez será a partir de julio magistrada penal de la sección segunda de la Audiencia de Palma, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El magistrado era hasta el momento titular del Juzgado de Instrucción número 11.
En el número 12, Penalva asume la instrucción de la causa sobre la Policía Local de Palma que está bajo secreto de sumario, en la que se investiga una supuesta red de policías que presuntamente protegían y amparaban actividades ilegales de proxenetas que les pagaban con servicios sexuales, que también habrían utilizado políticos y funcionarios.
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que, durante años, varios policías dieron trato de favor a algunos empresarios de ocio de la zona de la Playa de Palma.
Se cree que avisaron con antelación a los dueños de varios locales de alterne de la zona cuando se iba a producir una inspección e hicieron la vista gorda ante la presencia de prostitutas menores de edad y en situación ilegal en el país, entre otras irregularidades como abusos laborales.
También se investiga la presunta filtración de los exámenes de una oposición a oficial de la Policía.
En la causa están imputados varios agentes por estas irregularidades; así como el ex concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, y el jefe de la Policía Local, Joan Mut, por presunta prevaricación y coacciones.
El Ayuntamiento de Palma abrió expediente disciplinario y suspendió de empleo y sueldo a seis agentes en activo sobre los que pesan medidas cautelares por su presunta implicación en esta trama de corrupción. También está implicado otro policía jubilado desde hace seis años.
Cuatro de los policías presuntamente implicados son miembros del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) y Cort les abrió expediente de remoción definitiva del puesto de trabajo. También están imputados varios agentes de la Patrulla Verde.