La Dirección General de Industria del Govern ha iniciado un expendiente sancionador al Ajuntament de Bunyola por las «graves anomalías» en la instalación eléctrica que produjeron el accidente que mató al joven David Grimaldos en agosto del año pasado.
El acuerdo plantea que el consistorio pudo cometer una falta muy grave sancionada con 300.000 euros por la falta de conservación y de mantenimiento de la instalación de alumbrado público de la calle Antoni Estarellas del municipio.
Contra esta medida el Ajuntament ha presentado una serie de alegaciones encabezadas por la existencia de un procedimiento penal abierto por estos mismos hechos que forzaría a que quedara en suspenso el trámite administrativo.
En la causa penal, en la que está imputado el alcalde del municipio, Jaume Isern, los responsables municipales han negado que conocieran el mal estado de la farola. No obstante, las pesquisas sí han aportado que había quejas previas sobre la situación de un transformador al que estaba conectada la farola.