El juicio por el ‘caso Kabul' se ha convertido en un guerra de guerrillas procesal entre la Fiscalía y las defensas. El ministerio público logró ayer que la Sala admitiera abrir Sitel, el sistema con el que la Guardia Civil y la Policía Nacional pinchan y almacenan conversaciones telefónicas. La Fiscalía consigue así incorporar al juicio 90 escuchas a los acusados que no se encontraban en el sumario con las que quiere apuntalar las pruebas contra el medio centenar de acusados en el megajuicio por drogas. La decisión de pedir estas escuchas por parte de la Sala estuvo seguida de las correspondientes protestas del defensas. Los letrados, en una alegación a la que puso voz Gaspar Oliver, consideran que se ha vulnerado el derecho de defensa ya que no pudieron interrogar a sus acusados sobre esas escuchas.
También la Fiscalía tuvo su momento para protestar por decisiones de la Sala. En este caso por la denegación a incorporar un documento que completaría la cadena de custodia de dos kilogramos de cocaína que la Guardia Civil incautó en Eivissa a uno de los clanes y que tenía una de las peritos que certificó los análisis de estupefacientes de las sustancias aprehendidas. La jefa del laboratorio de Sanidad achacó los retrasos en la recepción de las muestras a que «coincidió en una época con poco personal en el que había mucho trabajo».
Tampoco tuvo éxito la petición de la Fiscalía para que se escucharan el juicio parte de esas nuevas escuchas que se tienen que conseguir a través de Sitel. La Sala rechazó dedicar dos días a escuchar parte de las escuchas, en parte por «la tensión que se generaría», según explicó el magistrado presidente del tribunal. Él mismo resumió en uno de los debates cómo se ha desarrollado la vista oral del megajuicio: «Es una cuestión meramente documental: oír cintas y resolver cuestiones sobre derechos fundamentales».