La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un alto mando del Cuerpo Nacional de Policía por un delito de acoso sexual hacia dos agentes a sus órdenes. Una de las policías, la que denunció lo ocurrido, estaba destinada en Palma cuando ocurrieron los hechos y se había trasladado a Madrid para una comisión de servicios.
La agente que denunció los hechos trabajó a las órdenes del acusado -Comisario principal a cargo de la Unidad de Coordinación y cooperación Internacional- en los años 2005 y 2006. Según considera probado la sentencia, mantuvieron una relación normal hasta una tarde en el que los dos bajaron juntos a un bar. El acusado comenzó a criticar por motivos laborales a la denunciante: insistía en que su rendimiento no era bueno. La conversación se prolongó y el mando policial propuso a la agente ir a cenar. La víctima pensó que se trataba de continuar la charla laboral y accedió. Sin embargo, el mando cambió la actitud cuando tomaban una copa al salir del restaurante: le dio un beso en la boca, le dijo que tenía que ser muy buena en la cama y le propuso mantener relaciones, algo a lo que la agente se negó.
Despotismo
A partir de ese momento, el acusado se mostró despótico y despreciativo con la mujer. Volvió a insistirla para que cenaran juntos, a lo que ella se negó y comenzó a hacerle proposiciones de manera explícita. Una tarde le cogió la mano, y cuando la mujer le rechazó de nuevo reaccionó con un gran enfado, diciendo a la agente que no era nadie ya para él y que habían acabado.
La situación produjo en la mujer y estado de angustia, miedo y ansiedad. Terminó desarrollando un trastorno psiquiátrico. Sin motivo aparente, el mando policial llamó por teléfono al jefe de servicio para terminar con la comisión de servicios de la joven que, de esta forma fue destituida. La situación por la que pasó a la otra agente que testificó contra el mando policial fue similar: el acusado se lanzó sobre ella e intentó mantener relaciones y, tras ser rechazado comenzó a hacer la vida imposible a su subordinada. La Audiencia Provincial de Madrid entiende que los hechos son constitutivos de acoso sexual y le impone una pena de siete meses de prisión, además de inhabilitarle durante el tiempo de la condena. Además, le impone el pago de una indemnización de 20.000 euros y declara responsable civil subsidiario al Ministerio del Interior.