El Código Penal que entra en vigor hoy tiene un efecto inmediato: doce condenados por tráfico de drogas que cumplen su pena en la cárcel de Palma quedan en libertad de forma automática. La nueva ley cambia a la baja el arco de penas por delitos contra la salud pública. Hasta ahora, la pena básica iba de tres a nueve años de cárcel y ahora pasa a ser de tres a seis. Eso sí, se mantiene una condena más elevada para cabecillas de redes de narcotráfico. El objetivo de la nueva normativa es asimilar las penas que se imponen en España a las de otros países europeos.
Este descenso ha implicado que la Audiencia Provincial ha tenido que revisar de oficio 405 condenas, todas ellas por tráfico de droga. El presidente de órgano judicial, Carlos Gómez, explica que ha supuesto un «esfuerzo considerable» la aplicación de la nueva norma y que las dos secciones penales han adoptado un criterio común para examinar de nuevo las penas. Gómez recuerda además que se ha hecho de oficio porque la ley marca en España que siempre se adopte la opción más favorable al reo.
En la mayoría de los casos, se han revisado las condenas a la baja, de forma proporcional a los años impuestos. Con este nuevo cómputo doce presos de la prisión de Palma han cumplido ya su condena y, por lo tanto, tienen que salir de la cárcel. De éstos, cinco son ciudadanos no comunitarios. La Audiencia ha revisado las condenas en contacto con los funcionarios del centro penitenciario y ha informado al Cuerpo Nacional de Policía. Así, los cinco extranjero que queden en libertad podrían ser expulsados de territorio nacional.