«Todos nos piden regalos, desde PSOE, UM y PP. Desde hace treinta años se trabaja igual y ahora se rasgan las vestiduras», ha admitido de forma tajante ante el juez Francisca Coll, quien junto a su marido y propietario del Grup Trui, Miquel Jaume, se encuentra imputada dentro de la causa de presunta corrupción conocida como caso Ibatur. Una comparecencia en la que, sin embargo, ha querido dejar claro que estas dádivas no van dirigidas a recibir a cambio contraprestación alguna en materia de contrataciones públicas.
Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, y con la presencia del fiscal anticorrupción Juan Carrau y varios de los abogados personados en este procedimiento, Coll ha abundado en esta cuestión aseverando que estos obsequios, que «siempre» se han realizado con material de sonido, los pide «todo el mundo, partidos políticos, ayuntamientos, que quieren que la empresa tenga detalles». «Creo que no hacemos daño a nadie», ha llegado a enfatizar.
Los investigadores postulan que entre las personas a las que presuntamente agasajó el grupo audiovisual se encuentran el ex alcalde de Montuïri, Joan Antoni Ramonell, a quien habría obsequiado con el montaje -valorado en unos 5.000 euros- de la celebración de sus bodas de plata en un restaurante del empresario Vicenç Grande; así como el hermano del ex gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, al sospechar que la empresa le gratificó con infraestructuras y personal técnico en su boda, cuyo coste ascendería a 2.600 euros.
No obstante, la encausada, asistida por el letrado Javier Blas y quien principalmente se encarga de la contabilidad y de los pagos a los proveedores en Trui, ha aseverado que el sonido que montaron en el enlace de Marcos Alabern era «de risa», ya que un equipo de sonido «puede valer 50 euros», mientras que en el caso de Ramonell, «a quien no he visto en mi vida, lo que se hizo para él era pequeño». «Estos montajes fueron un regalo, no los hemos cobrado», ha incidido.
La imputada ha hecho hincapié, sin embargo, en que a Ibatur «no hemos hecho regalos» y ha subrayado además que, pese a que la empresa dependiente de la Conselleria de Turismo «era mal pagadora», sí era «un buen cliente».
«Los trabajos a veces se cobran en negro»
Mientras tanto, en relación a los concursos convocados por las Administraciones para la adjudicación de contratos, Coll ha reconocido que algunas empresas del mismo grupo se presentan a estas licitaciones. «No es habitual, pero se hace», ha recalcado en este sentido Coll, quien ha manifestado incluso que los trabajos realizados «a veces se pagan en negro» desde los Ayuntamientos. «Pequeñas cantidades», ha afirmado, por las que a los Consistorios «no se les hace factura».
La encausada ha sido interrogada además por la rebaja de unos 18.000 euros que Trui realizó sobre el coste -de 25.000 euros- del montaje del sonido en un acto electoral de UM, respecto a lo cual ha negado que se tratase «de un pago en B» sino que fue «un descuento en la facturación». Asimismo, ha manifestado no recordar si cubrieron gastos en esa factura y ha apuntado al respecto que «muchas veces no se cubren gastos con los partidos». De hecho, ha indicado que hace más de nueve años que el PSOE les debe dinero, «como otros».
Finalmente, ha recordado que en la feria ITB de Berlín de 2005 Trui cobró mediante factura unos 10.000 euros por la decoración que llevó a cabo en un estand para la empresa Over Marketing y Comunicación, que se encuentra bajo investigación judicial en este caso y que se encargó de las campañas electorales del PP, con Jaume Matas al frente, de 2003 y 2007. Precisamente, la documentación relacionada con esta mercantil se encuentra en la actualidad bajo secreto de sumario junto a la relativa al patrocinio por parte del Govern de la competición Mallorca Classic.
Además de Coll, hoy ha comparecido en calidad de testigo un ex comercial del Grup Trui, Antonio P.R., quien ha subrayado que los asuntos relacionados con la contabilidad de la empresa eran «temas tabú» y que éstos los llevaba Francisca Coll.
En su declaración ha explicado que, en relación a los pagos que efectuaban los Ayuntamientos a la empresa por la realización de determinados servicios, llegó a escuchar comentarios acerca de que «había que pagar alguna comida para conseguir los contratos» de estas administraciones.
Sin embargo, ha aseverado que «personalmente» no lo comprobó, y en la misma línea ha asegurado desconocer si Trui pagaba dinero en B o negro, ya que los pagos «eran cosa de contabilidad». Sí sabía, tal y como ha afirmado, que empresas del mismo grupo se presentaban a los concursos públicos convocados para la licitación de un contrato, lo que permitía optar con mayores posibilidades a una adjudicación.
El testigo ha recordado además que en una ocasión la mujer de Miquel Jaume le dijo que fuera al domicilio de Francesc Cladera, miembro de UM en Alcúdia, donde, tras entregar un presupuesto al Ayuntamiento, le dieron un sobre con dinero. «Ignoro para qué era ese dinero y es la única vez que he ido a una casa a cobrar», ha asegurado Antonio P.R., quien ha señalado que entregó el sobre a Coll sin conocer qué cantidad contenía ni «por qué me mandaron cobrarlo, aunque imagino que por el montaje de unas carpas que hice».
El ex comercial, que trabajó para Trui entre 2004 y 2009, ha manifestado asimismo haber tenido tratos con partidos políticos en relación a fiestas y otros actos y se encargaba de la venta y el seguimiento del montaje, pero «no de los cobros». «He intervenido muy poco para captar a partidos políticos», ha incidido el ex empleado, quien ha apuntado que quienes normalmente contactaban con PP y UM eran Miquel Jaume y su hijo.
«Nunca he visto sobres»
Por su parte, también este lunes ha comparecido ante el magistrado como testigo el encargado de la dirección técnica de ciertos clientes en Trui, Angel N.S., quien al ser inquirido sobre la posibilidad de que la empresa hiciera pagos por la concesión de contratos, ha manifestado que lleva «treinta años trabajando y siempre he estado oyendo comentarios, pero no he visto ni he conocido que haya habido sobres».
Finalmente, preguntado acerca de si el Ibatur les pedía información para adjudicar un concurso con antelación a la publicación del mismo, ha negado este extremo aunque sí ha reconocido que sí les solicitaba información técnica sobre parcelas. «Sólo eran consultas técnicas que quedaban reflejadas en el concurso. Luego concurríamos y lo ganábamos», ha concluido.