El juicio por el derrumbe del Hotel Tívoli de s'Arenal que provocó la muerte de dos operarios y heridas graves a otros cuatro tuvo ayer un inicio en falso. Las acusaciones particulares y las defensas apuraron la que debía ser primera sesión de la vista oral para buscar un acuerdo económico que garantice las indemnizaciones para los afectados.
Un pacto sobre la responsabilidad civil llevaría a que las acusaciones particulares se retirasen. Además, abriría la puerta a un posible acuerdo sobre la responsabilidad penal de los acusados. Cuatro de ellos estarían dispuestos a aceptar su responsabilidad en los hechos siempre que la condena no implique su ingreso en prisión. Ahora mismo, la Fiscalía pide cinco años y nueve meses para cada uno de los seis acusados, que son el hotelero José Forteza-Rey, el constructor Joan Rigo, el arquitecto Juan Antonio Vila, los aparejadores Àngel Martínez y Carlos Blanco y el responsables de la empresa contratada para gestionar el plan de riesgos laborales, Juan Prats.
El acuerdo sobre la indemnización quedó ayer pendiente de que las compañías de seguros asuman el pago de 473.000 euros adicionales. Los acusados habían consignado en el juzgado un total de 1.107.315 euros. Esta cantidad, era insuficiente para los abogados de las víctimas. Finalmente el acuerdo no pudo plasmarse ayer dado que era festivo en Madrid y las aseguradoras no pudieron dar su conformidad. Algo que tendrán que aclarar hoy por la mañana.
Uno de los dos bloques que formaban el hotel Tívoli se derrumbó el 19 de enero de 2001 durante unas obras de rehabilitación. El dueño del hotel pretendían recuperar el establecimiento que llevaba varios años prácticamente abandonado. La Fiscalía acusa al dueño y a otros cinco responsables de la obra ya que sostiene que sólo tenían licencia para actuar en el bloque que no se derrumbó. Además añade que el proyecto no tuvo en cuenta los problemas estructurales del inmueble y del bloque que ocasionó el desastre. La Fiscalía sostiene que los hechos son constitutivos de delitos contra la seguridad de los trabajadores, lesiones imprudentes y dos homicidios imprudentes.