JAVIER JIMÉNEZ
El Colegio Oficial de Médicos decide hoy si expulsa al otorrino de Palma que fue detenido por grabar a sus pacientes desnudas y someterlas a abusos sexuales.
En un comunicado, el colegio informó que la reunión se llevará a cabo con carácter «urgente» tras haber recibido la notificación del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, en la que se informa de la apertura de diligencias previas contra el médico colegiado «por presunto delito de abusos sexuales y delito contra la intimidad por utilización de sistemas técnicos de grabación». En la nota de prensa, el colegio oficial especifica que las grabaciones se llevaron a cabo «con ocasión del ejercicio de su profesión».
Con fianza
J.P.O., que trabajaba para varias clínicas de Palma y también pasaba consulta en un hospital, fue detenido la semana pasada después de que el SAF (Servicio de Asistencia a la Familia) fuera informado del caso de una menor que había sufrido tocamientos en la consulta.
Los policías abrieron una investigación y decidieron registrar el despacho del otorrino, donde se encontró una cámara digital con una treintena de fotografías de mujeres desnudas o escasas de ropa, que resultaron ser pacientes suyas. Los agentes averiguaron que la máquina estaba oculta en la consulta y que las mujeres, de diferentes edades, no sabían que estaban siendo grabadas. La policía también se llevó el ordenador personal del sospechoso, que está siendo analizado en busca de más imágenes de víctimas.
Muchas de las pacientes aparecen de espalda en las fotografías y al parecer el médico les indicaba que miraran fijamente a una máquina y que no se movieran durante unos segundos. En ese intervalo de tiempo era cuando aprovechaba para grabar la secuencia. El número de féminas que fue espiada sin su consentimiento puede ser muy elevado, según la investigación en marcha.
El doctor detenido declaró en la Jefatura de la calle Ruiz de Alda y el sábado fue trasladado a los juzgado de Vía Alemania, para declarar ante el juez de guardia. Allí confesó que sentía impulsos irreprimibles que le llevaban a grabar a sus pacientes sin que ellas tuvieran conocimiento de nada.
El magistrado ordenó su ingreso en prisión eludible con el pago de una fianza de 30.000 euros y el otorrino pasó dos días en la cárcel, hasta que su familia reunió el dinero y pagó la fianza. En la actualidad se encuentra en libertad con cargos, pendiente de juicio. No ha vuelto a ejercer en ninguna de las clínicas u hospitales en los que trabajaba en Palma y hoy el Colegio de Médicos podría decidir su expulsión.