Los abogados defensores de los 28 acusados por el llamado 'caso Son Banya' pedirán la libre absolución para todos. En algunos casos los escritos de las defensas se han depositado ya en el juzgado correspondiente, mientras que los que faltan se entregarán en los próximos días. La única duda es que dos de los procesados, Nicoleta y Manuel Escamilla, parece que no pueden ser localizados y, de seguir así, se les podría declarar en rebeldía. Los abogados que trabajan en las defensas son José Zaforteza, Eduardo Valdivia, Gaspar Oliver, Catalina Pou, Carlos Portalo y José Ignacio Herrero. En plan genérico, en los escritos se argumenta la ausencia de pruebas y contradicciones, como para poder demostrar que los procesados han cometido alguno de los delitos de que están acusados
El fiscal
El pasado mes de enero el fiscal entregó al juez instructor su escrito provisional de acusación, por el que solicita un total de 360 años de cárcel para los 28 acusados. El fiscal pide penas que van desde los seis años de cárcel a los 35. La pena más alta se solicita para Francisca Cortés (35) mientras que la más baja (6), para Roberto Valinotti, y once años y medio para el que era jefe del Grupo de Atracos del CNP.
El representante del Ministerio Público entiende que en el llamado 'caso Son Banya' se han cometido los delitos de detención ilegal, torturas, falso testimonio, cohecho, blanqueo de capitales, hurto, omisión del deber de perseguir delitos, amenazas graves y falso testimonio.
Además de las penas de prisión, el representante del Ministerio Público solicita también que se impongan penas por un total de 140 millones de euros para diez de los acusados. Todo este caso se inició a raíz de un robo que se produjo la madrugada del 17 de abril de 2006, en un zulo situado en una parcela adyacente al poblado de Son Banya. Según el fiscal la cantidad que se sustrajo es de siete millones de euros, de los que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía han recuperado una cantidad cercana al millón.
La fecha
Volviendo al juicio por este caso, del que evidentemente todavía no se ha señalado la fecha, el fiscal también ha solicitado que declare como testigo el juez Castro, que fue el primero en tramitar las diligencias, a partir de tenerse conocimiento del mencionad robo.
Además del escrito del fiscal, el juez del Juzgado de Instrucción número 9, recibió también el de la acusación particular, que representa el abogado José Castro, y defiende los intereses de Ignacio Durand, el ciudadano paraguayo que denunció haber sido secuestrado y torturado por 20 personas en Son Banya. El abogado pide un total de 306 años de prisión y una indemnización para su cliente de 300.000 euros.