Los abogados defensores de Pedro R. y Francisco Javier P. defendieron ayer la tesis de que la muerte de Julio Camacho por dos disparos de escopeta fue «un escarmiento que se les escapó de las manos», y no un plan preconcebido para asesinarlo.
Las acusaciones siempre han afirmado que ambos se citaron la noche previa para concertar el plan y que al día siguiente se fueron hasta la finca de Manacor propiedad de Francisco, donde escondieron una escopeta de cañones recortados. Hasta allí llevaron a la víctima y le dispararon dos veces, causándole la muerte.
Como un comando de ETA
Para el letrado Fernando Mateas, que representa a la familia de la víctima, los dos acusados son coautores del delito, aunque sólo Pedro R. disparó la escopeta. Para sostener esta idea comparó a los acusados con un comando de ETA, afirmando que «tanto quien aprieta el botón como el que coloca la bomba son responsables de la muerte».
Esta comparación fue criticada con dureza por el abogado de Francisco P., Eduardo Valdivia. Según este letrado, resulta «inconcebible» que si ambos tenían un plan, lo llevasen a cabo en la propia casa de uno de ellos y no en un descampado cualquiera. Para Valdivia, simplemente había intención de escarmentarle, aunque «el tonto de remate (en referencia a Pedro R.) le pegó dos tiros».
También destacó que 'Julito', conocido como «doberman», tenía «totalmente atemorizado» a sus clientes, con quienes había protagonizado varios altercados.
Los abogados dedicaron buena parte de su tiempo para hablar del informe de los forenses. Mateas criticó la intervención de dos peritos contratados por la defensa, afirmando que «los informes no se compran pero sí se dirigen», ya que las conclusiones de estos expertos eran idénticas a las del escrito de defensa presentado por su letrado siete meses antes de conocer sus resultados.
Tanto el fiscal como la acusación mantienen la petición de 22 años de cárcel para cada uno por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas.