La Sección Primera de la Audiencia de Palma dejó ayer visto para sentencia el juicio contra T.M.C., un inmigrante subsahariano en situación administrativa irregular en España, acusado de sendos delitos de agresión sexual y robo con violencia en la persona de una prostituta con quien había concertado servicios sexuales en la Plaza España de la capital. La acusación pública mantuvo su petición de diez años de cárcel para el imputado, mientras la defensa pedía su libre absolución entendiendo que no estaba acreditada la comisión de ninguno de los delitos.
En el juicio celebrado ayer, T.M.C. -asistido por una intérprete de francés al no poder seguir un preciso interrogatorio judicial en castellano- afirmó que en la jornada de los hechos, el 19 de agosto de 2006, llevaba en España menos de dos meses y desconocía el idioma general del país, pero no fue obstáculo para concertar servicios sexuales con la víctima, que le condujo a un garaje cercano para llevarlos a cabo.
Según el acusado, el precio acordado fue de 15 euros por una penetración vaginal, pero como quiera que la mujer sólo se avino a realizarle una felación abandonó el lugar tras haberle quitado a la profesional el dinero que ya le había pagado.
El hombre negó ayer, tanto a preguntas de la fiscal como de su defensor, haber ejercido violencia alguna contra la prostituta ni haberle detraído más dinero que el del servicio presuntamente frustrado, aunque añadió que él era portador aquella madrugada de una notable cantidad de euros de la que la Policía Nacional le habría devuelto tras su detención 85 menos, cifra coincidente con la que la mujer denunció que le había sido robada tras la presunta agresión de su cliente.
En el interrogatorio a la víctima -trasladada a la sala desde el centro penitenciario palmesano donde cumple una condena- la presidenta del tribunal juzgador hubo de reclamar de la mujer que controlase los sollozos para una adecuada comprensión de su testimonio, dado que en un interrogatorio en juicio no ha lugar al entendimiento de coacciones.
En su testimonio, la mujer dijo no recordar con precisión algunos detalles de los hechos denunciados, aunque básicamente se ratificó en lo declarado ante la policía y más tarde ratificado en el Juzgado instructor. Así, que el precio establecido para las relaciones se xuales sería de 50 euros pagaderos a término; que consistirían en felaciones con preservativo; que ya iniciadas el procesado comenzó a golpearla mientras la agarraba con fuerza del cuello, y que pese a su oposición la penetró vaginalmente.