Dos semanas después de la demolición de unas 20 casas y cocheras en Son Ferriol, la situación de los inquilinos no ha hecho sino empeorar. Los malos olores comienzan a emanar de los escombros, entre los que asoman media docena de televisores, muñecos, neveras, grupos electrógenos y todo tipo de mobiliario. Además, a lo largo de los últimos días los inquilinos afirman haber sufrido varios robos de gente que entra a rebuscar entre los escombros. «Vienen y se llevan una puerta o cualquier cosa que les sirva, aunque incluso han llegado a entrar en alguna casa», afirma Cornelia, una de las vecinas de la finca.
Las condiciones higiénicas del lugar empeoran un poco cada día, y pueden ser aún peores con la llegada del calor. «Esto se puede convertir en un foco de infecciones si nadie toma una decisión», comenta otra de las inquilinas.
Asimismo, desde que se produjo el primer derribo a inicios de mes, no cesa el flujo de familias gitanas que se instalan en el solar, procedentes de s'Indioteria.
Hace pocos días, los vecinos recibieron la visita de la policía local de Palma, que pidió la documentación a algunos de los nuevos inquilinos.
Toda esta situación tiene lugar pocos días después de que el Ajuntament de Palma comunicase oficialmente al dueño su obligación de retirar los escombros de la finca, aunque por el momento no ha habido ningún movimiento por su parte.
«Nos han visitado muchos periodistas y televisiones, nos han hecho entrevistas y he intentado hablar con la alcaldesa de Palma, pero por ahora todo sigue igual que el día en el que nos tiraron las casas», asegura una de las inquilinas con cierta resignación ante la falta de respuestas ante su situación, mientras recuerda que sigue pagando el contrato de alquiler.
El próximo lunes, los vecinos que denunciaron el derrumbe acudirán a los juzgados de Vía Alemania para ratificar ante el juez su denuncia, y varios días después deberá testificar el propio dueño de la finca.