Fernando Carrillo, presidente a nivel nacional de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (A.U.G.C.), sostuvo ayer en Palma que la condena a nueve meses de cárcel del guardia mallorquín que no se presentó al servicio porque estaba enfermo «es una consecuencia de la injerencia militar» que, según él, se vive en la Benemérita.
Acompañado del secretario general en Balears de la A.U.G.C., Joan Miquel Perpinyà, y de Àngel Morales, delegado de la asociación, Fernando Carrillo opinó que «en este caso, no deberíamos pedir el indulto, pero no nos queda otra opción porque le han aplicado el Código Militar» y añadió que la pena que deberá cumplir el guardia de Sóller en una cárcel de Madrid «es un abuso». El máximo responsable de esta asociación benemérita contó que se están recogiendo firmas para apoyar a Vicente Salvador y pidió a la sociedad balear que se vuelque con su caso «porque es de justicia hacerlo».
Sobre la situación de los aproximadamente 1.600 guardias civiles que prestan servicio en el archipiélago, Carrillo denunció que no existe coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía y las distintas policías locales y manifestó que «no hay archivos comunes» que puedan facilitar las tareas policiales. Asimismo, agregó que a la insuficiente plantilla del Cuerpo hay que añadir una circunstancia adversa: que cerca de 300 agentes están destinados en tareas que no son propiamente policiales.
Carrillo señaló que hay pequeños cuarteles en zonas rurales que están cerrando y que un elevado número de guardias se está trasladando hasta poblaciones mayores, por la comodidad que supone. Esta tendencia, sin embargo, representa que algunas áreas pueden quedar desprotegidas, según el presidente de la A.U.G.C.