El juicio contra la funcionaria de la Seguridad Social, acusada de malversación de caudales, quedó ayer visto para sentencia. El fiscal Jaume Guasp y la abogada que representa a la Administración mantuvieron su propuesta de reclamar seis años de prisión para María del Carmen L.R., a lo que se opone el letrado defensor Ramón Riutort, que mantiene la inocencia de la acusada.
La declaración de los testigos, en concreto los funcionarios de la Unidad de Recaudación Ejecutiva, puso en evidencia que la caja donde el cajero colocaba el dinero que cobraba a los contribuyentes siempre estaba abierta y no tenía llave, y que la caja fuerte, instalada en la habitación que ocupaba el jefe del departamento, también solía estar abierta. El letrado defensor demostró ayer que casi todos los funcionarios de la oficina tenían la posibilidad de anular un cobro anotado por otro compañero en el ordenador, porque el programa informático se lo permitía, y que el acceso al dinero era relativamente fácil.
Las acusaciones imputan a la funcionaria, que gestionaba el cobro de cuotas por vía de apremio, que desvió dinero en ocho ocasiones distintas, y le acusan de haberse quedado con 2845 euros. Se da la circunstancia que esta cifra se ha obtenido porque varios contribuyentes han presentado unas facturas, firmadas por la acusada, cuyas cifras no aparecen reflejadas en el sistema informático. El letrado defensor sembró ayer la duda y mantiene que es absurdo que su clienta firmara estos documentos, se llevara estas cantidades, cuando tenía acceso a la caja y podría haber anulado del ordenador cobros recibidos por otros compañeros de la oficina.