«¡Eh, tú! Yo a ti te tengo visto, eres de la Secreta, estoy seguro». Los internos del centro de menores de la calle Cirerer, en la barriada palmesana de es Rafal, están tan acostumbrados a ver policías por aquellas instalaciones que recelan de cualquier desconocido, y más aún si éste se acredita como periodista. Ayer Ultima Hora visitó aquella calle, accedió a la 'llar', y charló con los vecinos. La conclusión es que la calle Cirerer ha cambiado drásticamente desde que entró en vigor la Ley del Menor y al centro de acogida del número 11 llegaron chicos muy conflictivos, que atormentan a los residentes con frecuentes actos vandálicos.
El peligro radica en que la tensión en aquella zona de Palma va en aumento y hace algunos meses un marroquí y un joven se enfrentaron a navajazos en la calle. Más recientemente un vecino agredió a un menor problemático, harto de que le forzaran el coche. «Algún día aquí va a pasar algo muy gordo... Estamos muy hartos», fue una de las frases más repetidas ayer entre los afectados. La calle Cirerer es una travesía del final de la calle Aragón, emplazada junto al supermercado Caprabo, y tradicionalmente la inseguridad ciudadana ha sido insignificante. El panorama, de un tiempo a esta parte, ha cambiado tanto que los vecinos han recogido firmas para pedir a los políticos que reubiquen el centro de menores, antes de que la situación se deteriore aún más.
Margalida Ferragut, una de las vecinas, contó con cierta ironía que frente al número 11 de esa calle es fácil encontrar aparcamiento por las noches: «Estamos tan cansados de encontrar los coches con las ruedas desinchadas, con rayadas en la carrocería o sin la antena, que los dejamos lo más lejos posible del centro». Andreu Ferrer vive en el número 9 y, por tanto, su planta baja colinda con el 'llar'. El hombre, de unos 70 años, se despierta cada mañana con la misma pregunta: «¿Qué le habrá pasado a mi coche?». El automóvil, un vetusto Peugeot 205, es una de las 'víctimas' favoritas de los zagales, que se ensañan con él en cuanto pueden. «Antes en el centro había niños, pero con lo de la Ley del Menor llegaron muchachos de entre 14 y 18 años que hacen todo tipo de perrerías. No hay derecho, ya estamos hartos de llamar a la policía», apuntó.
Para Ana Pons el panorama es igualmente desolador: «Hace poco hicieron sus necesidades en la fuente, para hacer una 'gracia', y ahora no podemos beber el agua porque está contaminada. También me han pintado la fachada y el otro día un chaval se estaba masturbando en frente de mi casa; lo que pasa aquí es algo increíble». Joana Nadal, otra residente, explicó que la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía son requeridos, prácticamente, una noche sí y otra también. Según la señora, «esos chavales se dedican a romper los cristales de los coches y a hacer gamberradas, y no hay derecho que los vecinos tengamos que pasar por esto».
Francisco Fortuny recordó que hace algunos meses «hubo puñaladas» y refrendó las palabras de sus convecinos: «Procuro no aparcar nunca cerca del centro porque sé que me destrozarán el coche». Las instalaciones a las que se refieren con temor y rabia están gestionadas por Intress, una ONG que trabaja para el Consell. Se trata de una planta baja que tampoco se libra de los excesos: puertas agujereadas y muebles desvencijados evidencian que el centro está desbordado y que los monitores no dan abasto. Por descontado, si el objetivo es rehabilitar a los menores delincuentes los resultados no se ven, al menos a simple vista...