La Audiencia de Palma ha ordenado a través de un auto que se continúe con la investigación del denominado «caso juego», que quedó paralizado después de que la juez declarara nulo el registro que se había realizado en el despacho de uno de los implicados. Este caso surgió tras descubrirse que un funcionario de la Comunitat Autónoma, encargado de conceder las licencias del juego, era vigilado.
La persona que le seguía era el detective privado Carlos Valencia, que había sido contratado por el empresario del juego Ismael Martín. La juez del Juzgado de Instrucción número 5 determinó que las pruebas obtenidas no tenían validez porque el registro que se realizó en el despacho de Valencia era nulo al no existir consentimiento. Sin embargo, el letrado de la Comunidad Autónoma, que representa al funcionario José Oliver, recurrió esta decisión de la juez ante la Audiencia. El magistrado Joan Catany ha aceptado el recurso porque entiende que debe ser el tribunal sentenciador el que valore, antes de que se inicie el juicio, si las pruebas que se han obtenido son o no legales.
En este sentido, Catany hace hincapié en que la decisión que adoptó la juez de instrucción fue «innecesaria y prematura». Ahora, con este auto, se anula la decisión de la juez y se ordena que se continúe con la instrucción. Por tanto, con toda seguridad los implicados serán juzgados por este seguimiento y los abogados defensores volverán a plantear la nulidad antes de que se inicie el juicio.