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El fiscal pide 10 años para un «broker» de Palma acusado de estafa y falsificación

El juez ha fijado que la sociedad de valores que representaba presente una fianza civil de más de 150 millones

J.F. MESTRE
Diez años de cárcel es la condena que solicita la Fiscalía de Palma contra un «broker», que está acusado de engañar a 18 clientes, que sufrieron graves perjuicios económicos con su gestión. Entre los perjudicados se encuentra una familia que ganó más de 200 millones de pesetas en la Primitiva y que perdió una gran parte de la fortuna al confiar en Juan M.R., a quien el fiscal acusa de los delitos de falsedad y estafa.

Este «broker» trabajaba en la oficina en Palma de Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa. Los actuales responsables de esta sociedad afirma que Juan M.R. no trabajaba en la empresa, sino que actuaba como colaborador. Sin embargo, el propio acusado ha señalado que él tenía llave en la oficina y, aunque no estaba asegurado, operaba como cualquier otro trabajador. Fuentes judiciales han señalado que pese a que la sociedad de valores ha intentado desvincularse de la actuación del acusado, de momento un juez de Palma ha dictado un auto en el que se ordena a Renta 4 a que presente una fianza de responsabilidad civil de más de 150 millones de pesetas. Este auto no es firme por cuanto ha sido recurrido por los afectados.

Según los escritos de acusación, el «broker» Juan M.R. gestionaba la captación de capitales y lo hacía presentándose como trabajador, o incluso apoderado, de esta sociedad de valores. Los clientes que querían invertir capital firmaban antes un contrato de gestión, documento que era rubricado después por el apoderado de la sociedad. El contrato que suscribía el broker y el cliente señalaba una serie de cláusulas de obligado cumplimiento por ambas partes.

El fiscal, para investigar la veracidad de una serie de denuncias, pidió al juez que solicitara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores si había iniciado algún expediente de inspección o de sanción contra Renta 4. También pedía que se certificaran cada una de las inversiones que habían realizado las 18 personas que afirmaban que habían resultado perjudicadas.

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