La Audiencia de Palma ha condenado al dueño de un perro que el día 16 de septiembre atacó gravemente a una funcionaria de correos, en la localidad de Alaró.
Los demandados, por su parte, alegaron que las mordeduras caninas se debieron a la culpa de la víctima y que no se acreditaron debidamente las secuelas. «Examinada la prueba practicada en modo alguno consta acreditada la culpa de la víctima y no se comparte la valoración efectuada por el recurrente», opinan los magistrados. En cambio, la Audiencia no considera probado que la funcionaria cayera en una depresión tres días después del ataque, con problemas psicológicos de fobia a los perros «que le imposibilitan desarrollar su actividad laboral y social». Eso sí, los magistrados opinan de que «no cabe duda» de que la trabajadora precisó y recibió en su día tratamiento psicológico para superar el terror hacia los canes. Por este motivo, y en atención a los efectos probatorios, la Audiencia estima «procedente» reducir la indemnización pedida inicialmente y fijarla, ahora, en 400.000 pesetas.