El juez del juzgado de instrucción número 7 de Palma, Antonio Garcías, ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades derivadas del incendio ocurrido el pasado día 11 en las aulas prefabricadas del colegio público de Bahía Grande, en Llucmajor. Este siniestro, iniciado por causas fortuitas, puso en peligro a los casi 200 alumnos del centro, aunque por fortuna ninguno de ellos resultó herido.
El juzgado ha actuado de oficio, es decir, que la iniciativa de investigar este suceso ha surgido a instancias del juez, que ha abierto diligencias antes de que algún padre presentara denuncia por lo ocurrido.
Una comisión judicial, encabezada por el juez, realizó ayer una inspección ocular del lugar destruido. Se comprobó que las instalaciones, que han quedado destruidas por el efecto del fuego, no eran las más adecuadas para que se utilizaran como un recinto escolar para niños de corta edad.
Estas cuatro aulas prefabricadas, en las que cada una tenía una media de 40 alumnos, estaban construidas con un material altamente combustible. El suceso ocurrido demuestra que no es el lugar más indicado para instalar un centro escolar provisional, sobre todo si se tiene en cuenta lo que hubiera podido ocurrir si los alumnos, cinco minutos antes, no hubieran abandonado el aula para digirirse al patio. El fuego necesitó pocos minutos para quemar la instalación. Esta velocidad de destrucción se debió a que las paredes, pese a que son de aluminio, estaban recubiertas con material combustible.
Dependiendo del rumbo que tome la investigación el juez podría decidir adoptar medidas legales contra algún responsable escolar, en este caso de la Conselleria d'Educació, ya que se ha podido incurrir en algún delito de negligencia o imprudencia al ubicar a estos alumnos en recintos que no están preparados para impartir clases a niños de Primaria.
La fortuna quiso que el fuego se iniciara poco después de que los niños habieran salido al patio. Pese a que no hubo que lamentar ni víctimas ni heridos, ello no evita pensar que los alumnos corrieron un alto riesgo al permanecer en estas aulas, por lo que se está comprobando si se ha podido incurrir en algún tipo de delito.
El suceso, según el informe que realizó la Guardia Civil, se produjo por una deficiente instalación eléctrica de la aula prefabricada. Si este cortocircuito se hubiera producido mientras el profesor impartía clases, con casi toda seguridad no se estaría hablando ahora de un simple susto, sino que las consecuencias hubieran sido más importantes. La avería se inició en el aula situado junto a la que después quedó destruida. Se da la circunstancia que GESA había detectado una avería eléctrica diez días antes del incendio. Se comprobó una avería en el componente magnetotérmico. Pese a ello, no se tomaron medidas para evitar que se produjera este lamentable suceso.