El tercer piso del edificio de La Pineda de Can Picafort, donde vivía Francisco Miguel, el niño de cuatro años que resultó muerto tras la brutal agresión de un perro durante la tarde del viernes, recibió durante toda la jornada de ayer la visita de decenas de amigos y familiares de los padres de la víctima, procedentes muchos de ellos de Morón de la Frontera (Cádiz), localidad de donde es Miguel, el padre del pequeño.
El sentimiento de rabia e indignación entre los vecinos era
patente en los alrededores de La Pineda y en todo Can
Picafort.
El pánico a los perros de Alfredo C., propietario del can que segó
la vida al pequeño Francisco Miguel, se incrementó desde que el
pasado septiembre el mismo perro entró en el patio del colegio de
Can Picafort e hirió en el brazo a uno de los alumnos.
«Aquel día Alfredo tendría que haber matado al perro. Hubiese sido lo más normal». «Es una temeridad dejar este tipo de perros sueltos, sin vigilancia». Éstos eran los comentarios que se escuchaban en los alrededores de La Pineda, a donde iban llegando de forma continua más y más visitas. Entre ellas, la del delegado del Ajuntament de Santa Margalida en Can Picafort, Miquel Ordinas, quien manifestó que el Consistorio se haría cargo de los gastos que puedan suponer los funerales del pequeño, cuyo cadáver será enterrado mañana lunes.
La orden de sacrificar al perro tiene que ser
judicial
El antecedente del ataque del dogo argentino a dos niños en un
colegio de Can Picafort, hizo que desde la tarde del viernes se
criticara el que el animal no hubiera sido sacrificado a raíz de
aquellos hechos. Fuentes de la Conselleria de Sanitat manifestaron
ayer a este periódico que la orden de sacrificar a un animal tiene
que ser de la autoridad judicial. «Los veterinarios de la
Consellería -añade el portavoz- examinan al animal después de que
se haya producido un ataque, y sólo pueden decidir sobre su
sacrificio en el caso de que tenga contraída una enfermedad».