Anadie se le escapa lo grave que es el problema del acceso a la vivienda en Balears. Problema complejo y de largo recorrido. Un problema que, en parte, es consecuencia de la casi inexistente política pública de vivienda. Porque los poderes públicos tienen la propiedad de un porcentaje irrisorio, en términos europeos, del parque inmobiliario de estas islas. En Holanda el 30 % de las viviendas son públicas y en Austria un 25 %. En España se calcula que se supera ligeramente el 3 % y en Balears el 1,5 %.
Ante estas magnitudes y la carestía existente incrementar las viviendas públicas o de precio máximo es un factor importante. Y para que las cosas funcionen, como dice el chiste, hace falta organización. Porque si la competencia en vivienda es del Govern balear no se entiende que hace el Gobierno central en Son Busquets o con los pisos del denominado banco malo. Que gran oportunidad se perdió cuando la crisis financera y la intervención bancaria para pasar activos inmobiliarios a la Administración.
Lo que debería hacer el Gobierno central es ceder los terrenos en desuso de su titularidad y los pisos a quien tiene la competencia. En lugar de eso se dedican a marear la perdiz y hacer anuncios que no le corresponden. Uno de los problemas del sistema autonómico y de la cultura política es que aquí principios como el de lealtad institucional o el de colaboración suenan a chirigota en el mejor de los casos.