Por qué en las democracias contemporáneas la gente sigue votando a políticos corruptos? Para entender este fenómeno, los científicos sociales barajan varias explicaciones. De ellas, la que cuenta con más respaldo empírico es la hipótesis de la información. Esta hipótesis sostiene que los votantes respaldan a políticos corruptos simplemente porque no saben que lo son: por falta de acceso a información clara y confiable -debido a medios de comunicación ineficientes, barreras educativas o desinformación intencional-, los ciudadanos terminan votando a políticos corruptos sin saberlo.
En general, las investigaciones empíricas tienden a señalar que los ciudadanos castigan electoralmente la corrupción cuando disponen de información clara y específica sobre esta. Incluso cuando un político corrupto es percibido como competente en la provisión de servicios públicos, este pierde apoyo electoral de forma drástica si existe información pública sobre la corrupción que ha llevado a cabo. Asimismo, los políticos no vinculados a casos de corrupción, incluso si demuestran ser manifiestamente incompetentes, obtienen más apoyo que sus contrapartes corruptas.
Entonces, si es cierto que la ciudadanía penaliza la corrupción, ¿por qué sigue votando a políticos y partidos corruptos? ¿Por qué determinados partidos políticos son altamente resilientes a casos de corrupción? En primer lugar, hay que aclarar que la tolerancia a la corrupción difiere según la clase socioeconómica de los votantes. En general, los votantes de rentas medias y bajas son los más propensos a rechazar a políticos corruptos, mientras que los de ingresos altos muestran mayor tolerancia hacia la corrupción, especialmente si el político o el partido corrupto se percibe como competente a la hora de proveer bienes y servicios públicos que les benefician materialmente. En España, por ejemplo, esto podría ayudar a entender por qué al Partido Popular no le han pasado gran factura las tramas ‘Kitchen’, ‘Gürtel’, ‘Lezo’, ‘Erial’ o ‘Púnica’ -todas aún abiertas- ni los escándalos vinculados al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Pero desde luego esto no lo explica todo, ya que un elevado porcentaje de votos de la derecha proviene de hogares de ingresos medios y bajos, que son reacios a la corrupción. Probablemente, lo que ocurre es que la gente no está igual de informada sobre todos los casos de corrupción.
Esta cuestión tiene implicaciones importantes para la rendición de cuentas en democracia. La existencia de información creíble, concreta y oportuna sobre corrupción política tiene un impacto significativo en las decisiones de los votantes. Por lo tanto, reforzar la transparencia institucional, fortalecer los medios independientes y mejorar el acceso a la información puede ser una vía efectiva para reducir la corrupción. No obstante, proporcionar este tipo de información es más difícil precisamente en contextos donde la corrupción es más generalizada y donde los medios de comunicación o agencias de control son débiles o están cooptados por las élites, como ocurre en España.
En resumen, la ciudadanía no es inherentemente tolerante con la corrupción: la mayoría de los votantes rechaza la corrupción cuando recibe información confiable sobre la existencia de esta. Por eso, si de verdad queremos mejorar la rendición de cuentas en nuestra democracia, hay que cerrar la brecha informativa. Urge una ley de medios que, en última instancia, conduzca a garantizar una cobertura equitativa y rigurosa de todos los casos de corrupción -sin importar el color político del implicado.