Estaría tentada de felicitar a Marga Prohens por su iniciativa de alquiler seguro, un modo de proporcionar a los propietarios que prefieren tener su piso vacío la tranquilidad de que la Administración está detrás para responder en caso de desastre. Pero, ay, nunca tenemos lo que deseamos. Porque está muy bien que el dueño de la vivienda pueda seguir sacándole la pasta que anhela –¿1.500 euros mensuales en Ibiza y Formentera no es una locura?–, pero ese treinta por ciento que pone de su parte el Govern no soluciona prácticamente nada. Lo haría si los precios del mercado inmobiliario anduvieran en 900 euros y si los inquilinos percibieran sueldos razonables, de dos mil euros mensuales. Cosas que no ocurren ni en nuestros sueños más ambiciosos. Está claro que toda rebaja es bienvenida, pero cuando gran parte de la masa trabajadora de estas Islas ha de conformarse con el salario mínimo –porque los empresarios no dan más–, ver esas cifras y echarse a llorar es todo uno. Incluso en pareja sigue siendo prohibitivo independizarse. Habrá, por supuesto, propietarios e inquilinos que se apunten al proyecto, porque menos es nada, pero aquí de nuevo los que gobiernan buscan una vía intermedia que a los contribuyentes nos costará un dineral –doce millones de euros al año– y que deja fuera a la mayor parte de la población, al tiempo que escurre la verdadera responsabilidad del Estado –sea municipal, insular, autonómico o central– de construir y gestionar vivienda pública a niveles que se acerquen a la media europea. España es uno de los países a la cola en esto –como en tantas otras cuestiones– y Balears es una de las comunidades a la cola española. Con esto está todo dicho. Un pasito más, pero tan pequeño.