Más que sarcasmo es una indecencia que quienes brindaban en las errikotabernas cuando un policía o un guardia civil era asesinado por ETA, sean hoy los que establezcan las normas por la que se deben regir los agentes. Y no sé cómo calificar que, para su anuncio parlamentario, el Gobierno haya delegado en la que colocaba en el Egin en una diana a quienes consideraba enemigos de Euskadi. Para quien lo quisiera tener en cuenta.
Son normas que limitan hasta lo temerario la actuación policial prohibiendo el empleo de los medios necesarios para cumplir su misión, y deja en la práctica impunidad a los alteradores del orden que desobedezcan a los agentes, los insulten o injurien. Es curioso que los herederos de los del tiro en la nuca hoy hagan ascos por el uso de las pelotas de goma.
Tal vileza es capaz de helar la sangre de cualquier persona de bien, atónita al ver que son los legatarios de ETA quienes redactan y anuncian la Ley de Seguridad Ciudadana como continuación a su intervención en la Ley de Memoria Histórica, en la que los verdugos se equiparan a las víctimas.
Sánchez, perdido ya el sentido de la responsabilidad y la dignidad política, sin límites éticos en el ejercicio del poder, demuestra estar dispuesto a pagar cualquier precio por el sillón de La Moncloa. No tiene rubor en humillar a la democracia, poner en peligro la integridad de policías y guardias civiles y dejar desprotegida a la sociedad. De paso, le ofrece a Bildu una victoria política, el blanqueo de ETA, otro más, y le confirma en su condición de socio preferente. Para las víctimas significa un nuevo bofetón, por si no tuvieran bastante con la puesta en la calle (en tercer grado) a condenados a largas penas, con la firma de la socialista consejera de la cosa.
Junqueras redactó la ley de los indultos, Puigdemont, la de amnistía y Otegi la de seguridad ciudadana. Son leyes que impactan en la línea de flotación del Estado, puestas en sus manos por el presidente del Gobierno de la Nación, disparadas, precisamente, por quienes están cansados de anunciarnos que quieren hundirlo.
Esta ley es el epítome de la capitulación del Estado, sometido, genuflexo, a un psicópata narcisista obsesionado con mantener el poder.