Volkswagen es una empresa socialmente responsable. Tanto que ha firmado todo lo que certifique que está comprometida con el bienestar de sus empleados. Incluso había garantizado a su plantilla –la alemana, por supuesto– que no despediría a nadie hasta 2029. Pero algo tremendo ha ocurrido para que este año la empresa más responsable se convierta en irresponsable. Tantas horas dando la lata con su papel social para terminar despidiendo unos quince mil trabajadores sólo en Alemania. Hasta sus empleados de Audi en Bruselas se manifiestan por las calles, como si fueran unos vulgares empleados fabriles y no la élite del motor.
¿Qué ha pasado para que comprobemos cuán frágiles son los compromisos sociales de Volkswagen? Pues que pierde dinero. Y la cuerda se rompe por la plantilla, nunca por los directivos que tomaron decisiones disparatadas. Lo que ha ocurrido es el resultado de una cadena de errores de manual. La equivocación más clamorosa es que las autoridades políticas han decidido cuántos coches vamos a comprar los ciudadanos y a qué precio. Nuestros políticos han establecido un régimen durísimo de multas para los fabricantes que no alcancen determinadas proporciones de coches eléctricos vendidos, olvidando que al final la última palabra la tiene el consumidor, soberano de sus decisiones.
La industria del motor europea, dócil y muy ligada al poder político, cumplió con lo que le pedían: lanzó grandes programas inversores para hacer coches y baterías en las proporciones demandadas, lo cual encareció la fabricación, en la esperanza de que los gobiernos subvencionen las ventas. En un primer momento, los eléctricos, en parte por las ayudas públicas, en parte por la novedad, se vendieron bien. Pero este último año los compradores parecen haber llegado a la conclusión de que un coche eléctrico no vale para viajes largos, de manera que han querido volver a los térmicos o híbridos, encontrándose con precios imposibles. Conclusión: las ventas en general han caído un veinte por ciento y las de los eléctricos en particular hasta un treinta por ciento, lo que equivale a centenares de millones de euros en pérdidas.
La situación es crítica para todas las marcas, siendo especialmente delicada en Volkswagen, Stellantis (Citroen, Peugeot, Fiat y Opel), Ford y General Motors. Crítico quiere decir que se puede asegurar que alguna de estas marcas no sobrevivirá y que, por supuesto, todas las metas fijadas por la Unión Europea para 2035 saltarán por los aires. Varios fabricantes han dicho ya que no existe ninguna posibilidad de que cumplan las exigencias, por lo que deberían ser sancionados si la legislación europea sobreviviera.
El tema es más delicado aún por cuatro motivos: primero, porque los chinos esperaban este traspiés, con un producto increíblemente bueno y barato; segundo, porque en Europa aún no hemos solucionado el tema de la carga, especialmente en España; tercero, hemos impregnado este debate de una película de ideología absolutamente perniciosa e irracional y, cuarto, porque nada menos que Toyota había dicho que esto del coche eléctrico no va a ir bien.
A mí me parece una maravillosa demostración del caos que son capaces de organizar los políticos cuando tienen poder: se encierran, se autoconvencen de que su sabiduría inexistente, y toman decisiones de cuyos efectos no ven más que lo elemental, ignorando las carambolas que generan. Como juegan con dinero ajeno, entonces la magnitud de las equivocaciones puede llegar a desbordarnos.
Es conocido el caos que generó la entonces Comunidad Económica Europea cuando decidió que teníamos que tener televisión de más de mil líneas en lugar de las 625 habituales del sistema Pal. Gastó todo el dinero del mundo para que los fabricantes europeos investigaran: cuando llegaron a la meta, la televisión digital de Samsung se había comido el mercado y nosotros nos quedamos sin fábricas y sin dinero. Lo mismo que antes había ocurrido con el Minitel en Francia, donde los sucesivos gobiernos consiguieron que más del millón de franceses se suscribieran, a fuerza de meter dinero, hasta que Internet se llevó todo por delante. En ambos casos, el mercado arrasa al subvencionador.
Europa ya se ha quedado marginada de las nuevas tecnologías. El informe Draghi lo admite abiertamente. Hemos cedido muchísima de nuestra industria manufacturera a China y Extremo Oriente, pero ahora puede que perdamos, o al menos veamos reducida considerablemente, nuestra industria del motor. Que ello ocurra es desolador, que sea porque nuestros propios políticos se hayan creído los salvadores y que encima con ello hayamos gastado dinero público es imperdonable.