Si no voy equivocado, se cumple ahora un año desde que el gobierno que nos dimos en Baleares, salido de las urnas, está bloqueado, incapaz de despintar una línea continua en la autovía del aeropuerto, en Palma, con sentido a la ciudad, y de arrancar unos pocos carteles verticales. La autovía y su señalización es de su competencia exclusiva, porque en Baleares todas las carreteras son locales dado que ninguna conecta con otra autonomía, pese a lo cual, ahí estamos embarrancados, atados de pies y manos.
De la misma manera que hace unos dos años la misma institución, aunque ocupada por otros políticos, decidió pintar la línea continua y crear el carril Bus-VAO, Llorenç Galmés ganó las elecciones de 2023 prometiendo restituir la carretera a la situación anterior, como había estado toda la vida. Encima, para serles sincero, eso y la reducción de la velocidad en la vía de cintura, era lo único concreto que recuerdo que prometiera el Partido Popular, porque lo demás eran generalidades como mejorar el bienestar y todas esas cosas que se dicen y que no hay manera de medir.
Esta parálisis no es un asunto menor, porque viene a significar que en Baleares no somos capaces de decidir ni siquiera quitar la pintura de una de nuestras carreteras. Lo impide un funcionario de una dirección general de Madrid, cuya legitimidad democrática dista bastante de la que tiene el Consell. No obstante, hay un silencio estridente en un asunto, el del autogobierno, sobre el que nuestros políticos suele proclamar que se cortarían las venas antes que ceder un milímetro.
Observen que no estamos hablando de cambiar el régimen de la Seguridad Social, ni de desacatar una orden de los tribunales de Justicia como si fuéramos un país independiente, ni de crear una DGT alternativa como han hecho otras autonomías pese a la prohibición consagrada en el artículo 149.21 de la Constitución. No, aquí tenemos objetivos mucho más pedestres y sólo tratamos de decidir sobre un carril de carretera, algo que debemos de entender es un asunto que no pone en peligro la unidad del Estado, ni la cohesión social, ni cuestiona los derechos humanos, ni es propio de las ideologías populistas. Bastaría con ver la carita de Llorenç Galmés para entender que él nunca haría nada peligroso para el país.
Sin embargo, lo más sorprendente es que nadie dice nada. Tenemos incontables mecanismos e instituciones concebidos como garantes de la dignidad de nuestra autonomía, pero aquí nadie parece darle importancia a lo que está ocurriendo. No me refiero al carril, sino a que Madrid nos impida decidir en un asunto marginal, lastimoso si se quiere, pero revelador del valor de nuestra autonomía.
Empezando por los nacionalistas, que deberían de sentirse totalmente ultrajados ante tamaño abuso sobre el poder soberano del Parlament. Y los socialistas, siempre dispuestos a defender nuestros derechos donde toque. Y el partido del gobierno, que para algo es una de las dos grandes fuerzas políticas del país y cuya presidenta en Baleares no para de amenazarnos con cantarle cuatro verdades a Pedro Sánchez apenas lo vea por aquí.
El espíritu –y la letra, por supuesto– del Estado de las Autonomías dice que las decisiones se deben tomar lo más cerca posible del ciudadano. Nosotros en Baleares nos lo creímos a tal punto que los carriles de las carreteras no los decide ni siquiera el Govern, que nos pilla alejado, sino el Consell de Mallorca, que está en la misma calle, pero unos metros más hacia la autopista en cuestión. Porque nadie en su sano juicio puede pensar que va a ser un subdirector general en un ministerio de Madrid quien sepa y entienda mejor que los que viven en Son Verí, en s'Arenal o en es Pil·larí qué nos conviene más con este carril.
Sin embargo, a un año de acceder al cargo, Llorenç Galmés comparecía en una entrevista en este periódico para mostrarnos su absoluta impotencia, su incapacidad para cerrar esto de acuerdo con la decisión de las urnas. Yo también pienso que es un asunto menor, pero tan menor es para nosotros como lo debería ser para Madrid. Y si Madrid hila muy fino con nuestras competencias para quitar ese carril, uno se pregunta por qué no hiló igual cuando Podemos, legítimamente, quiso introducirlo.
El problema de este incidente no es el propio incidente sino lo que representa: que todo el aparato legal que nos hemos dado importa una higa cuando se trata de barrer para casa, y la casa en este país se divide en dos: izquierdas y derechas. Todo lo demás queda muy bonito, pero en la realidad no existe.