No, no me refiero a una posible sentencia contra unas supuestas actuaciones de la esposa del presidente del Gobierno. Ni siquiera a la sentencia sobre la compra de mascarillas inservibles por parte de un gobierno socialista y que, por lo visto, fue culpa de la derecha y ultraderecha. Ni siquiera me refiero a la sentencia de los ERE, que acredita que dirigentes socialistas se beneficiaron ilícitamente de fondos para crear empleo; una sentencia que el propio Sr. Sánchez deberá analizar si le llega la petición de indulto que ya se ha anunciado. Me refiero a una sentencia emitida por el juez De Prada, quien insertó una morcilla del todo innecesaria en su sentencia sobre el ‘caso Gürtel'; morcilla que fue usada por los socialistas del Sr. Sánchez, PNV y demás para derrocar al gobierno del Sr. Rajoy. Posteriormente ese comentario fue declarado excesivo e infundado por un tribunal superior en la sentencia firme. Así las cosas, el Sr. Rajoy fue apartado del gobierno con un argumento que posteriormente fue declarado infundado judicialmente y, por tanto, inexistente.
Tengo una opinión bien fundada de esa sentencia y del juez que la dictó. Lo que no sé es si ello entra dentro de lo que la izquierda montaraz y asilvestrada llama lawfare, simplemente porque el lawfare no existe ni como concepto jurídico ni gramatical. Lo que existe es el Estado de derecho y la división de poderes. No niego que algún juez pueda actuar en ejercicio de su profesión contra personas de distinta ideología. Precisamente por ello el sistema tiene sus garantías: presunción de inocencia, posibilidad de recurso a tribunales superiores y carácter colegiado de los tribunales a partir de cierto nivel. El llamado lawfare es un invento, uno más, de totalitarios comunistas disfrazados de lagarterana y que una vez fracasado en su proyecto en todo el mundo tienen que inventarse y teorizar una realidad virtual. Como el comunismo no tiene recorrido han de disfrazarse de ultraecologistas, nacionalistas y demás tótems del progresismo postural. Uno de los primeros conceptos que teorizaron fue el de escrache. Consiste ello en que una horda de salvajes puede ir al domicilio particular de una vicepresidenta del gobierno con un niño casi recién nacido y gritar como energúmenos o al domicilio de la presidenta de una Comunidad Autónoma, pongamos Valencia. Obviamente si otros energúmenos se concentran frente al chalet de un alto jerarca comunista es del todo inaceptable.
De que la izquierda siempre ha empleado la ley del embudo no tengo ninguna duda. Ya durante la II República española, adjetivo que demasiadas veces se olvida por parte de unos y otros, se trataba de crear una legalidad para un sector de la población que el legislador consideraba suyo, obviando que se legisla para todos. La finalidad era, fue, evitar el acceso al poder de las fuerzas políticas de derechas. No tengo ninguna duda de que esa ley del embudo es muy del gusto del Sr. Sánchez y de buena parte de su gobierno, siendo el objetivo mantenerse en el poder, sea con quien sea, y -por tanto- evitar que la derecha pueda hacerlo. Ello es lo que se ha pretendido con el pacto PSOE-nacionalistas/separatistas. En esa coalición los comunistas (ya no recuerdo su nombre oficial habida cuenta de sus luchas internas) juegan el mismo papel que el coro de trillizas en las actuaciones de Julio Iglesias, aunque con menos glamour y hasta con menos higiene.
La reacción del presidente del Gobierno ante el inicio de una investigación previa, aquí el adjetivo es muy importante, es del todo desmedida. Decía un amigo mío que hay dos cosas que una persona honrada no puede evitar, que su cónyuge le ponga los cuernos y que le pongan una querella. Todos estamos sometidos a este peligro que, obviamente, no es agradable. Pero precisamente el Estado de derecho y que el lawfare sea sólo una aspiración de esa parte de la izquierda montaraz y asilvestrada es la mayor garantía para el Sr. Sánchez y su esposa. Por cierto ¿alguien me puede recordar cómo se llamaba y a qué se dedicaba la esposa del Sr. Rajoy?