La pasada semana el presidente de la OCB, Antoni Llabrés, remitía una carta a los equipos directivos de los centros educativos públicos y privados concertados de las Islas a propósito del Pla Pilot voluntari de lliure elecció de llengua elaborado por el equipo de Antoni Vera. Si bien la carta en sí guardaba ciertas formas -aunque, en el caso de la concertada, iba dirigida al órgano equivocado-, el decálogo que la acompaña es un canto a la más abierta injerencia política de la OCB en las decisiones que deben adoptar los centros educativos y, además, trasluce ese inveterado odio que el entorno nacionalista practica y fomenta hacia la escuela concertada, de la que muestra, una vez más, un profundo desconocimiento.
Para empezar, por más que desde posiciones políticas contrarias al actual Govern se empeñen en hallar paralelismos entre el Pla Pilot y el TIL de Bauzá, lo cierto es que ambos parten de presupuestos radicalmente distintos. El TIL era un café para todos rígido y de obligada aplicación, y el Pla Pilot, con todas las imprecisiones que se quieran, es flexible y completamente voluntario para los centros. De hecho, lo que más se parece al TIL es la pretensión de imponer con calzador un modelo único de inmersión a todos los colegios y cercenar el derecho de cada uno a disponer de su propio proyecto, del que la Llei d'Educació de Martí March únicamente establece la obligación de garantizar que el 50 por ciento del horario lectivo se imparta en lengua catalana, algo que el plan respeta escrupulosamente.
El Pla Pilot no vulnera norma alguna -ni el Estatut, ni la Llei de Normalització, ni la propia LEIB- por la sencilla razón que nada impone, limitándose a lo que los tribunales repetidamente han calificado como ‘actividad de fomento' -de carácter discrecional- para aquellos centros cuyos titulares u órganos de dirección decidan acogerse a él, dentro de los márgenes que el Govern Armengol fijó la pasada legislatura. Tampoco segrega líneas por la lengua escogida por las familias, sino que se limita a hacer desdoblamientos en determinadas materias sin incidir en el grupo-clase del alumno.
Y, ni peligra la normalización lingüística en los colegios, ni mucho menos la autonomía de los mismos. El temor es irracional y evidencia una total desconfianza en la profesionalidad de quienes gestionan los centros en Balears. La OCB se erige así en guardiana de las esencias nacionalistas e inquisidora de aquellos que osen usar la libertad que la ley les concede para configurar su oferta educativa. Incluso insinúa que es un proyecto para beneficiar a la enseñanza concertada, haciendo afirmaciones gratuitas, infundadas y maliciosas.
Probablemente, el Pla Pilot tenga un eco muy limitado entre el conjunto de centros, porque las decisiones relativas al proyecto lingüístico de cada uno de ellos se adoptan por motivos pedagógicos y sociolingüísticos, y no porque se financien o no recursos materiales y humanos adicionales, con lo que la carta desnuda que lo que se busca no es tanto paliar los efectos de un plan que a la fuerza tendrá un eco limitado, sino contribuir al ruido político que propicie un clima contrario al Govern, objetivo que desde la izquierda nacionalista que controla la OCB desde hace años se tiene muy claro.