Es como si hubiésemos retrocedido cinco décadas, como si el túnel del tiempo se hubiese vuelto loco. El caso de los presuntos desfalcos de la exconsellera d'Hisenda del Consell, Pilar Bonet, podría ser más o menos llamativo en la antigua Diputación Provincial de los años setenta del siglo pasado, cuando en algunos despachos del edificio de Palau Reial todavía colgaba el retrato del Generalísimo. Entonces casi no había mecanismos de inspección. Aún imperaba la camisa azul del yugo y las flechas. Pero que un desaguisado de tal calibre pueda acontecer hoy en día, en plena era informática, cuando los controles sobre el dinero público son, en teoría, extremos, produce sonrojo. Si son posibles en las instituciones democráticas tales cotas de mangoneo, es que los cimientos del Estado de Derecho están mucho más carcomidos de lo que creíamos.
De pronto, una dura verdad se nos presenta ante los ojos: ¿tan poco hemos avanzado durante las últimas décadas? A estas alturas del desarrollo institucional, ¿aún es posible que una consellera d'Hisenda pueda presuntamente meter mano a caja y sólo la pillen cuando ya es demasiado tarde? ¿Pero dónde vivimos, en Mallorca o en Sierra Leone? Y lo más patético es que el PP, que gobierna la institución, se niega a que le hagan una auditoría externa al Consell. ¿Pero como es eso posible? Este partido se llena la boca de Constitución, de protegerla y de preservarla, siempre que le interesa. Pero cuando hay baile de dinero en una de sus áreas de gestión, parece que los valores más esenciales de la Carta Magna le suenan a Porompompero.
Estamos retrocediendo décadas a pasos agigantados. No es extraño que el conseller insular de Vox David Gil redefina el golpe de Estado de 1936 como ‘cruzada de liberación', tal y como hacía Franco en sus discursos. Volvemos al pasado, de forma irreversible.