La semana pasada tuvo lugar la ceremonia de graduación de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de les Illes Balears. Fue una ceremonia cargada de emoción, solemnidad y liturgia. Nunca había estado en una ceremonia de graduación de la UIB, y la verdad es que impresiona bastante. Los discursos del decano de la facultad, José María Carretero, y del vicerrector de Política Científica e Investigación, Victor Homar, apelaron a la importancia de nuestra universidad pública como motor de desarrollo en las Islas. Y es que la educación es muy importante.
Existen multitudinarios estudios sobre los beneficios macroeconómicos del gasto público en educación. Sin embargo, este enfoque provee una medida parcial de los retornos totales de la educación. Es importante también considerar los efectos no económicos que genera la educación. Por ejemplo, los niños cuyos padres (y abuelos) tienen mayor nivel educativo tienden a tener un mayor nivel de desarrollo cognitivo. También existe una relación positiva entre el nivel educativo de los adultos jóvenes de una comunidad y la probabilidad de que los niños que viven en esa comunidad completen la educación Secundaria. Algunos estudios sugieren que una mayor escolarización de los padres, en particular de las madres, también se asocia positivamente con niveles más altos del estado de salud de los lactantes y los niños. De manera similar, la tasa de vacunación entre los niños está positivamente relacionada con el nivel educativo de sus padres. El nivel de escolaridad de los padres también parece estar relacionado negativamente con la probabilidad de que un hijo dé a luz durante su adolescencia.
A nivel individual, un mayor nivel formativo está relacionado con una mejor salud y una mayor esperanza de vida. Esto puede ser atribuible a los mayores ingresos que reciben las personas más cualificadas (que les permite vivir en áreas menos contaminadas, tener mejor alimentación, etc.) o al tipo de trabajo que realizan (menos físico, de menor riesgo para la salud); sin embargo, hay estudios que indican que la formación académica es, en sí, un factor causal de un mejor estado de salud.
Por todo ello es fundamental que la educación sea pública, universal y gratuita. No existe mejor manera de garantizar la justicia social que ofrecer a todo el mundo la oportunidad de formarse. Un Estado democrático tiene por tanto el deber no solo de proveer una educación gratuita y universal, sino de facilitar a las familias que sus miembros se formen. Los beneficios, insisto, no sólo son macroeconómicos, sino que están también relacionados con la salud y el bienestar de las personas.
Por último, a parte de los beneficios individuales y para la familia están los efectos de la educación sobre la sociedad en su conjunto. Las personas con mayor nivel de escolarización generalmente toman decisiones más informadas al votar y participan más plenamente en sus comunidades. Las personas con mayor formación también contribuyen al bienestar común de otras maneras: por ejemplo, hay evidencia de que la escolarización está positivamente relacionada con confiar más en los demás, con una mayor participación en organizaciones comunitarias y con una mayor probabilidad de protestas no violentas contra las decisiones del gobierno. Por todo ello debemos proteger, y reforzar, la educación pública. Es casi lo único que nos queda.