Una nueva evidencia, que proviene del economista y jefe del FMI, Pierre O. Gourinchas: bajar impuestos en España empeoraría el problema de la inflación. Esta declaración se formuló en el encuentro de Sintra, en Portugal, con la organización del BCE. La entidad bancaria convocante, además, lanzaba otra andanada: los beneficios empresariales han tenido un papel central en la subida de los precios. En concreto, dos terceras partes de la inflación se explican por los márgenes de las empresas: se ha llamado a esto la «avaricia» de la inflación. Estas dos manifestaciones no son nuevas, toda vez que han sido emitidas por otros interlocutores en los últimos meses. Ya sea desde el propio BCE, el Banco de España, la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE, existe un consenso en que se debe ir con sumo cuidado con las promesas de rebajas de impuestos, si a la vez se mantiene la política de gastos. Sobretodo porque también se está advirtiendo que en 2024 los gobiernos deben pensar en planes de consolidación fiscal. Blanco y en botella: evitar el recorte de ingresos y tocar los gastos.
En España, los partidos conservadores están yendo en la dirección contraria, al menos enunciativamente; otra cosa será la real politik. Existen ya estudios empíricos que demuestran, con pocas dudas, de que la reducción de impuestos no está suponiendo un incremento de los ingresos tributarios derivado de esa contracción. Ejemplos: las comunidades gobernadas por los conservadores, admiradoras de la reducción de impuestos y de su aplicación, no han aumentado su recaudación tributaria. Las cifras de la Agencia Tributaria (IRPF, sociedades, IVA e impuestos especiales) son elocuentes: en 2022, los ingresos tributarios totales aumentaron un 14,4 %. Pero en Andalucía esa cifra es del 12,2 %; Castilla y León, un 9,7 %; Galicia, un 12,2 %; Murcia, un 3,1 %; solo Madrid se situó en la media nacional. Cantabria (48,3 %) y Balears (47,5 %), encabezaron la subida de recaudación, sin promocionar reducciones drásticas en los ingresos tributarios. Y sin hacer de esto un conflicto de Estado.
Datos y estudios disponibles indican que los países con fiscalidad digamos que «normal» –en función de los diferentes tramos de renta, lo cual infiere un aumento en la capacidad recaudatoria de la hacienda pública– desarrollan estados del bienestar más vigorosos. Y ello impacta sobre un incremento de la renta per cápita. Gasto corriente e inversiones públicas han incidido positivamente en el bienestar social: ayudaron a la contención del exceso de mortalidad que provocó la COVID-19. Esta afirmación ha sido refrendada por organismos internacionales. Bajar los impuestos no incrementa el crecimiento económico de una región, ni eleva la recaudación tributaria. La insistencia en este punto, por parte de las opciones conservadoras se inserta en el terreno de una fe que la tozuda realidad les niega.
Cuando políticos de derecha y extrema derecha dicen que el éxito del crecimiento económico se debe a una menor carga fiscal, estamos ante una afirmación falsa. No se aviene con un análisis de la realidad, más compleja que aseveración más teológica que científica.