La elección como presidente del Parlament de Gabriel Le Senne provocó el martes la apertura de la caja de los truenos, no solo en nuestra izquierda –el tono de Armengol evidencia la profundidad de la herida que le infligió el 28-M–, sino también entre quienes nada se juegan en las generales, como la Obra Cultural Balear y el PI.
Desde la OCB, Joan Miralles habló de ‘emergencia democrática'. Aunque la intención de Miralles sea comprensible –que el PP no precise el apoyo parlamentario de Vox, partido catalanofóbico, para la investidura–, la realidad es que toda la izquierda suspira por lo contrario, ardiendo en deseos de que Prohens incorpore a su govern consellers ultraconservadores, lo que, o mucho me equivoco, o no va a suceder, para frustración de socialistas y acólitos.
Por su parte, Tolo Gili, presidente del PI, partido que renunció a presentarse a las elecciones generales y que cosechó un severo correctivo en las autonómicas, se decantó por apelar al ‘fascismo' en la presidencia del Parlament para aludir al grave riesgo que corren, según él, ‘nuestra identidad, lengua y cultura' por el hecho de que el nuevo president de la cámara sea de Vox.
Estas reacciones en caliente, hiperbólicas y sin un mínimo análisis, no casan con el estilo de equilibrio y mesura que el PI decía querer transmitir a la ciudadanía. ‘Fascismo' es una palabra gruesa, anacrónica e inapropiada, aunque la izquierda la endose a diario a quienes no comparten su credo, y cuyo uso debería circunscribirse a quienes promueven una tiranía de ese corte, que afortunadamente en nuestro país son desconocidos.
Antes de malgastar inútilmente una pólvora de la que no van sobrados, quizás sería mejor que los regionalistas la reservasen para aquellas medidas que Prohens despliegue y que colisionen con su ideario, que auguro que serán bien pocas. Para ejercer la oposición, incluso desde fuera del Parlament, no hace falta recurrir a la tragedia griega.
- Algunos no han entendido todavía que Vox no formará parte del Govern, y que la política lingüística y cultural la desarrollará el mismo partido bajo cuyo mandato se elaboraron y aprobaron la Llei de Normalització Lingüística y la normativa que aseguraba la presencia del catalán en la escuela, es decir, el Partido Popular.
La elección de la primera lengua de enseñanza, es decir, de aquella en la que se aprende a leer y escribir y se accede al conocimiento en el ámbito escolar es un derecho reconocido por nuestra LNL y por instrumentos internacionales que tienen rango de ley y están vigentes en España. Ello debe conciliarse, obviamente, con la debida protección, normalización y promoción del uso de la lengua históricamente propia de las Islas, que es el catalán. Recomiendo a los ofendidos y exaltados de todo género que lean el documento de la UNESCO (febrero de 2022), denominado «Por qué la educación en la lengua materna es esencial». Este derecho ampara por igual a los escolares cuya lengua materna sea el castellano o el catalán.
Es demasiado fácil, desde uno u otro extremo, incendiar los debates con asuntos como éste, y muy inusual abordarlos desde la racionalidad y el conocimiento de la realidad de nuestros centros educativos, que es lo mínimo que esperamos de nuestros legítimos representantes.